El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo de la Rubia, ha instado a la Junta de Andalucía y al Gobierno de la Nación a "favorecer que el proceso selectivo correspondiente a la Oferta de Empleo Público docente (OEP) para el 2012 en Andalucía resulte pacífico y garantizado al amparo del actual marco normativo", de manera que el "proceso culmine con la selección de los mejores profesionales".

En una nota de posicionamiento publicada por la Defensoría andaluza, consultada por Europa Press, Chamizo culpa a "los poderes públicos intervinientes en este proceso" —es decir, al anterior Ministerio de Educación "con la tardía reforma de los temarios", a la Junta de Andalucía "con la aprobación de una OEP sobre la que se vierten dudas de ajuste a los dictados establecidos en la legislación básica estatal" y al actual Ministerio de Educación, Cultura y Deporte "con su contrarreforma" de los anteriores temarios— de introducir "una gran inestabilidad e inseguridad" en todo lo que concierne a la convocatoria de las oposiciones, "con grave perjuicio para los legítimos intereses de los futuros aspirantes y participantes en estos procesos selectivos que se ven inmersos en esta ceremonia de la confusión".

Además, el Defensor apunta a que las decisiones de una y otra Administración en estos último meses al respecto de las oposiciones "se han visto afectadas por otras circunstancias singulares relacionadas con la inminencia de un proceso electoral y la alternancia correspondiente que se ha producido tras su celebración".

Es por ello, y ante "la irreversibilidad de las situaciones provocadas" por la sucesión de normas de la Junta y del Gobierno, así como ante "la reciente publicidad de la convocatoria (BOJA de 22 de Febrero) e inminente comienzo de las pruebas selectivas", por lo que Chamizo considera que no hay "apenas margen para reconducir estos procesos" y opta por "la prudencia y la ponderación de los intereses" de los opositores. Esto es, por aconsejar "que ambas Administraciones, estatal y autonómica, favorezcan el normal desarrollo de las pruebas selectivas y la confianza de los participantes en su aspiración a obtener un empleo público".

Si el Gobierno de la Nación tiene en cuenta esta recomendación del Defensor del Pueblo andaluz —hecha a raíz de los planteamientos que, "insistentemente" en las últimas semanas, han llegado a la Defendoría tanto "por ciudadanos como por organizaciones sindicales"—, significaría que se daría luz verde a la convocatoria de 2.389 plazas para el cuerpo de profesores de Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial tal y como está planteada en estos momentos, sin impugnación ni reducción de plazas docentes, aspectos que aún están en el aire.

De no tenerse en cuenta este posicionamiento, Chamizo advierte de que se añadiría "una mayor complejidad" al proceso selectivo "con la posibilidad de su sometimiento en sede judicial" y su "probable suspensión".

Análisis del proceso

Esta recomendación nace de un extenso análisis realizado por la Defensoría andaluza, institución que, en primer lugar, se centra en los límites legales de la convocatoria de 2.389 plazas. Segun detalla en su posicionamiento, la aprobación en diciembre de 2011 de la Oferta de Empleo Público (OEP) docente correspondiente al 2012 se "ajusta a la legalidad vigente en dicho momento; es decir, a las limitaciones establecidas por la Ley anual de Presupuestos Generales del Estado para 2011", que situaba la tasa de reposición de efectivos públicos en un 30 por ciento.

El problema surge cuando, el 30 de diciembre, "dicha tasa de reposición es objeto de modificación por el nuevo Gobierno mediante el Real Decreto-Ley de medidas urgentes, que la sitúa para el ejercicio de 2012 en el 10 por ciento, con lo que las plazas ofertadas por el Gobierno autonómico, en ese momento, exceden del límite estatal establecido". A esto se añade la "recomendación ministerial de no convocar procesos selectivos durante el referido ejercicio, criterio expuesto por el nuevo titular del Departamento y que no es seguido por algunas autonomías (Madrid, País Vasco, Cantabria y Andalucía)".

Para el Defensor, el "interrogante" que se plantea en ese momento "no tiene una respuesta fácil". Sobre todo, si se tiene en cuenta que el decreto por el que el Gobierno andaluz aprueba la oferta de las 2.389 plazas se anuncia el 27 de diciembre pero se publica en el BOJA el 4 de enero de 2012, es decir, una vez reducida la tasa de reposición por parte del Ejecutivo central.

"Si bien la nueva limitación o reducción de la tasa por el Real Decreto-Ley puede suponer de facto la derogación de las extralimitaciones que puedan surgir como consecuencia de OEP aprobadas con anterioridad al mismo, con independencia de que su aprobación se haya producido con anterioridad a su vigencia (siendo irrelevante que su eficacia —vía publicación— se haya producido con posterioridad), por otro lado la carencia de carácter básico de esta limitación pudiera interpretarse que no alcanza a las Autonomías que gestionan dichas competencias materializada en la OEP y convocatoria de desarrollo", argumenta Chamizo para recomendar que se dé luz verde a las oposiciones tal y como están planteadas y se eviten mayores "perjuicios" a los aspirantes a profesor.

Sobre los temarios

Sobre la modificación de los temarios por parte del Gobierno de la Nación en febrero de 2012, la Defensoría recuerda que ésta se produce después de que el Gobierno socialista los adaptara en noviembre de 2011, tras cinco años de trasitoriedad, a la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006, ya que los temarios (aunque prorrogados) se correspondían fundamentalmente con el modelo LOGSE anterior a la LOE.

Aunque sin dudar de que "las decisiones ministeriales de fijar el contenido de los temarios para el acceso a estos cuerpos, tanto en su versión de noviembre de 2011 como en la de febrero de 2012, se enmarcan en el compartido ámbito que les compete y con la cobertura de la misma previsión legal", Chamizo cree que estas decisiones no deberían haber obviado la "perspectiva constitucional con basamento en los principios generales del Derecho".

Así, critica tanto la modificación del Gobierno socialista como la del popular. "La propia reforma de los temarios de noviembre de 2011, a escasos días de una convocatoria electoral nacional incorpora una elevada dosis de inseguridad, ante la mera posibilidad de una alternancia (con independencia de su previsibilidad) en el Gobierno de la Nación, que bien podría haber movido a demorar tal decisión al inicio de la nueva legislatura, máxime cuando le precedía el obligado y cumplimentado trámite de consulta a la Conferencia Sectorial de Educación", le afea al Gobierno del expresidente José Luís Rodríguez Zapatero.

El de Mariano Rajoy tampoco se libra: "Esta inseguridad se acrecienta con la inmediata aprobación, dos meses y medio después, por parte del nuevo responsable ministerial, de los antiguos temarios, esta vez con un carácter provisional (por más que los temarios que aprueba no sean otros que los que venían rigiendo con anterioridad durante casi dos décadas), por cuanto la propia orden aprobatoria de los mismos enmarca el viraje ministerial en una más amplia revisión del sistema de acceso a la función docente a acometer posteriormente", lamenta no sin reprocharle también al nuevo Ejecutivo que no informase de este cambio a las comunidades autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Educación. "La omisión de este trámite, con independencia de su valoración como irregularidad no invalidante, viene a mostrarnos su ajeneidad a la obligada coordinación que debe presidir la actuación de los poderes públicos", concluye.