El plan de viabilidad puesto en marcha por la cadena nacional de venta de electrodomésticos Urende, con sede central en Córdoba, que tiene 110 empleados y tiendas abiertas en la capital cordobesa, Granada, Jaén y Ciudad Real, prevé que la empresa logre unos beneficios de siete millones de euros hasta 2014.

Así se recoge en el auto del Juzgado de lo Mercantil número uno de Córdoba, al que ha accedido Europa Press, que dictó el titular de dicho juzgado, el magistrado Fernando Caballero, y mediante el que se aprobó un expediente de regulación de empleo (ERE) que implicó el cierre de 18 tiendas de Urende en toda España y el despido de 592 de sus trabajadores, en el marco del citado plan de viabilidad, acordado entre sindicatos y empresa, la cual se encuentra en situación de concurso voluntario de acreedores.

El hecho es que el plan de viabilidad "contempla, en el mejor de los escenarios posibles, que durante los ejercicios 2012 a 2014 podrían obtenerse como consecuencia de las medidas interesadas de extinción de los contratos de trabajo, unos beneficios de unos siete millones de euros", aunque la empresa arrastra una deuda de más de 230 millones de euros.

Para Caballero, resulta más que evidente, y así lo refleja en su auto, "que difícilmente puede conseguirse la continuidad de la actividad empresarial con estos datos", por lo que podría haber desestimado la aplicación del ERE y que se procediese a la liquidación de la empresa. Sin embargo, el juez lo aprobó, dado que "nos encontramos ante un acuerdo celebrado entre los representantes de los trabajadores (y por tanto mayoritaria y voluntariamente aceptado por éstos), la administración concursal (que debe velar porque el acuerdo sea el más favorable a los intereses del concurso) y la propia concursada, es decir el juez debe valorar la conformidad de los afectados".

En segundo lugar, el magistrado tuvo en cuenta "la decisión más favorable para los trabajadores" despedidos, que ahora pueden cobrar las indemnizaciones que les corresponden por la extinción de sus contratos "a través del Fogasa en un breve (o al menos así debería ser) plazo de tiempo, solicitar las prestaciones de desempleo de forma inmediata y poder intentar participar en el (muy) limitado mercado laboral para conseguir un nuevo empleo".

La otra opción, la desestimación del ERE solicitado, que finalmente no adoptó el juzgado, habría supuesto "el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, generando unas cargas laborales que tendrían el carácter de créditos contra la masa, lo que provocaría el estrangulamiento económico de la sociedad y la abocaría a una inevitable fase de liquidación. Ello supondría el consiguiente perjuicio para todos los afectados: trabajadores, concursada y el resto de los acreedores, teniendo que esperar los trabajadores (un plazo que no sería breve) a los diferentes trámites procesales de apertura de la fase de liquidación, aprobación del plan de liquidación y realización de las operaciones de liquidación para cobrar las nóminas".

Claves del concurso

La cadena de electrodomésticos Urende, perteneciente al grupo andaluz Sánchez Ramade, entró en concurso voluntario de acreedores a finales del pasado mes de septiembre, tras considerar el Juzgado de lo Mercantil número uno de Córdoba que la sociedad estaba "en situación de insolvencia inminente", dado que presentaba "una falta de liquidez que le impide atender regularmente el cumplimiento de sus obligaciones exigibles".

De hecho, según las cuentas presentadas por la propia empresa, que entró en concurso adeudando más de 200 millones de euros a unos 1.200 acreedores, en el ejercicio de 2009 Urende sufrió pérdidas por valor de 56,9 millones de euros y, aunque presentaba un patrimonio neto positivo de 10,4 millones de euros, la sociedad presentaba un importante fondo de maniobra negativo, ya que la cifra del activo corriente ascendía a 86,7 millones y el pasivo corriente a 145,4 millones de euros.

En el ejercicio de 2010 la situación empeoró, ya que la cadena sufrió nuevas pérdidas, por valor de 20,8 millones de euros, acumulando así en los dos últimos años unas pérdidas totales superiores a los 77 millones de euros. Ello redujo en 2010 la cifra del patrimonio neto a 7,9 millones, y se incrementó además el fondo de maniobra negativo, ya que el activo corriente se redujo a 38,3 millones, mientras que el pasivo corriente ascendió a 120,5 millones de euros.

Todos estos datos llevaron al juzgado cordobés a estimar que Urende se encuentra en la referida situación de insolvencia inminente, por lo que procedía la declaración del concurso voluntario de acreedores, tal y como solicitó la empresa, tras no alcanzar un acuerdo con sus acreedores sobre la fórmula para refinanciar la deuda que mantiene con éstos.

En cuanto al tiempo que resta para que concluya el procedimiento concursal, el titular del Juzgado Mercantil número uno de Córdoba, Fernando Caballero, ya avanzó el pasado diciembre que, en base a un "cálculo optimista" sobre el desarrollo del procedimiento, entiende que el mismo estará acabado "en menos de dos años".