El Sindicato Andaluz de Funcionarios (Safja) ha presentado dos denuncias ambas por la vía penal en los juzgados de Instrucción de Sevilla y Granada contra el director gerente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Pedro Eugenio Gracia, y la delegada Provincial de Empleo en Granada, Marina Martín, en contra de la "subrogación del personal de la antigua Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo (Faffe) en la Agencia SAE (Servicio Andaluz de Empleo)", que el Safja considera "un atajo creado ante la suspensión del protocolo de integración del personal de las diversas agencias en el SAE".

Las denuncias se han presentado ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla y ante el Juzgado de Instrucción número 4 en Granada, toda vez que, según apunta, el pasado 7 de febrero de 2012, el director gerente del SAE dictó una resolución que "contraviene una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)".

El Safja apunta que "a través de la sentencia que suspendió el protocolo de integración de personal en SAE, estimando un recurso de apelación interpuesto por las asociaciones 'Al Ándalus' y 'Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública', entre otros, el TSJA fue claro y expresó que esta actuación era contraria a los derechos fundamentales garantizados en la Constitución Española, abundando, en este sentido, que no se respetaban los principios rectores de acceso al empleo público exigidos en la Constitución, en el Estatuto Básico, en la Ley de Reordenación y en el propio Decreto impugnado en cuyos estatutos se establece para su personal, un sistema de selección que respetará los principios de capacidad, mérito y publicidad".

Ha apuntado el TSJA "prohibió la integración de personal en el SAE", por lo que Safja considera "inadmisible" que el Gobierno andaluz "cree un concepto nuevo para el enchufismo como el de la subrogación".

"Desde la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, con auténtico desprecio al estado de derecho, se dicta resolución de febrero de 2012, que pretendiendo dar cumplimiento a la sentencia citada no hace más burlarse, de forma grosera, del mandato contenido en ella al plantear la integración del personal de la extinta Faffe, creando, en un auténtico fraude de ley, la figura del personal subrogado", dice textualmente la denuncia de Safja, que apunta que "se han dictado unas instrucciones que solamente dejan claro que la integración se ha producido vulnerando el mandato judicial".

Critica la "ilegalidad" cometida por la Junta, y apunta que este personal 'subrogado' "actuará bajo el mandato de las jefaturas de servicio y llevará a cabo funciones públicas, como el manejo de claves o el acceso a los medios informáticos y documentales", algo considerado por el Safja como "usurpación de funciones".

"Los hechos denunciados se encuadran en el tipo contenido a los artículos 404 del Código Penal, que castiga el dictado de resoluciones arbitrarias en asuntos administrativos y en el 410.1, que contempla el hecho de que las autoridades o funcionarios públicos se negaren abiertamente a dar cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de formalidades legales", agrega el sindicato.

Safja considera que "la actuación del querellado —haciendo referencia al director gerente del SAE— intenta evitar el mandato contenido en la sentencia del TSJA, que suspende la incorporación al SAE del personal externo de la ya extinta Faffe y también de los Consorcios Utdlt".

Limbo jurídico

"De forma clara este personal, que, a día de hoy permanece en un auténtico limbo jurídico, con la entrada en vigor de la resolución pasará a realizar sus funciones con total y absoluta normalidad, sin cortapisa alguna, y con el total conocimiento y aprobación de las autoridades competentes", ha agregado el sindicato, quien critica la "actitud rebelde y provocadora del director gerente del SAE frente a la decisión judicial".

Ha agregado que junto a esta denuncia, el Safja ha presentado otros escritos, anteriores a estas denuncias penales, ante el Juzgado de Guardia y ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Granada, que "alertaban de la censurable actitud de la delegada provincial de Empleo en Granada".

Safja advierte de que estas autoridades públicas "tienen la obligación social y legal de cumplir el mandato judicial, conocido por todos y la resolución de la Junta es ilegal e infringe la orden dada por la sentencia judicial".

"Se cometen las infracciones penales denunciadas incluso por quienes debiendo y teniendo el asesoramiento de la responsable de la gestión de la Administración competente y también lo consienten, estimulan y no impiden con sus advertencias a la denunciada de la ilegalidad que comete", ha agregado el sindicato.

Safja se reserva el derecho de emprender cuantas acciones legales considere oportunas para "parar estas actuaciones al margen de la ley y los derechos de los funcionarios públicos, que desprecian y se burlan del poder judicial sólo por acrecentar el enchufismo en plena víspera electoral".