La Junta realizará en 2012 más de 18.000 inspecciones y tomas de muestras para seguridad de los consumidores

El Consejo de Gobierno ha conocido el plan de actuaciones en materia de inspección de consumo que desarrollará a lo largo de este año unas 17.520 inspecciones de alimentos, productos industriales y servicios y obtendrá 740 muestras en productos.
Envasadora de aceite
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EUROPA PRESS
Envasadora de aceite

El Consejo de Gobierno ha conocido el plan de actuaciones en materia de inspección de consumo que desarrollará a lo largo de este año unas 17.520 inspecciones de alimentos, productos industriales y servicios y obtendrá 740 muestras en productos.

Así, la Consejería de Economía y Empleo ha programado 18.260 actuaciones de inspección y toma de muestras a través de los servicios de Inspección de Consumo de las distintas provincias.

Además se van a poner en marcha siete campañas de inspección de ámbito nacional, de forma coordinada con otras comunidades autónomas, que contarán con un total de 590 controles de productos como refrescos y zumos de frutas, etiquetado de electrodomésticos, control de empresas que desarrollan actividades financieras de préstamo y créditos hipotecarios, así como de comercio electrónico, garantía de servicios adquiridos a través de Internet, alquiler de vehículos y compraventa de oro.

En el ámbito regional se van a desarrollar ocho campañas de inspección que contarán con 1.174 controles en alimentación; en concreto, en el etiquetado de legumbres secas que se venden a granel, así como en pescaderías donde se verificará el etiquetado e información del minorista sobre la procedencia del pescado y la especificación del sistema de extracción y captura.

Dentro de estos controles se procederá a la revisión de acciones de publicidad engañosa en ofertas de productos industriales y servicios, peluquería y compraventa de coches usados, además de la puesta en marcha de campañas de control sistemático en distintos periodos en los que están incluidas las fechas de Navidad.

De forma paralela al control de inspección de empresas, establecimientos comerciales y producto de consumo, la inspección de consumo realizará, de forma programada y en coordinación con el Instituto Nacional de Consumo (INC), el control de calidad de los productos y bienes de consumo existentes en el mercado para detectar adulteraciones, fraudes o incumplimiento de la normativa sobre composición y seguridad. PRODUCTOS

La campaña autonómica de muestras se va a centrar en los siguientes productos alimenticios: aceite de oliva virgen extra con denominación de origen, durante el mes de octubre; galletas y bollería nutricionales, durante el mes de mayo; conservas de atún blanco, en el mes de marzo; y toma de muestras de productos edulcorantes de mesa, que se realizará a lo largo del mes de julio. Estas inspecciones sumarán un total de 80 que se desarrollarán de forma aleatoria.

En cuanto a productos industriales, las muestras, que superarán también las 80 tomas, se van a centrar durante el próximo mes de noviembre en el control de anticongelantes para automóvil; prendas con piezas pequeñas para bebés menores de 36 meses, durante septiembre; control de ayudas a la flotación -manguitos-, durante junio; y en noviembre, el análisis de productos tóxicos y productos químicos en muñecas.

La Consejería de Economía y Empleo gestiona también la información relativa a las actuaciones a través de la red de alerta de productos no alimenticios. Estas alertas se generan a partir del Sistema de Intercambio Rápido de Información de Productos Inseguros, que se comunican por la Red de Alerta establecida en los estados miembros de la Unión Europea y coordinados por la Dirección General de Salud y Protección de los Consumidores (SANCO), y a nivel nacional, por Instituto Nacional de Consumo (INC).

Castilla y León, según datos precedentes, podría generar alrededor de 35 alertas, lo que podría suponer aproximadamente el 9 por ciento de las alertas emitidas por las comunidades autónomas.

Paralelamente a las inspecciones programadas, las Secciones de Consumo trabajan sobre las reclamaciones y denuncias presentadas por los consumidores y usuarios, en relación con aquellos servicios o establecimientos que vulneran sus derechos.

Estas denuncias generan actuaciones inspectoras puntuales sobre los establecimientos presuntamente infractores, lo que contribuye al refuerzo de la red de detección de infracciones y a las oportunas paralizaciones preventivas de productos constitutivos de riesgo.

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