La vicesecretaria general y portavoz parlamentaria del PSOE cántabro, Eva Díaz Tezanos, ha advertido de que el presidente regional, Ignacio Diego, quiere "ciudadanos aterrorizados que acepten como mal menor los recortes en derechos laborales y civiles".

Díaz Tezanos se ha referido así tanto al anuncio del Gobierno central de que Cantabria cerró el año 2011 con un déficit del 4,04 por ciento del PIB regional, lo que la situaba como la cuarta comunidad autónoma con más déficit, como a las declaraciones del presidente regional en las que decía que "vamos desnudos" y "no hay un euro".

La vicesecretaria del PSOE ha acusado al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, de haber "inflado" unas cifras que han sido cuestionadas incluso por comunidades del PP, para lo que ha citado el caso de la Rioja.

En Cantabria, con este "tremendismo" lo que se pretende es que los ciudadanos aceptan cualquier situación por errónea que sea", porque se prefiere a "ciudadanos resignados que acepten sin rechistar la pérdida de derechos y vivir peor", ha opinado Díaz Tezanos.

Para la dirigente socialista, el incremento del déficit se debe a la "mala gestión" del PP desde que ha llegado al Gobierno y decidió renunciar a la aplicación del Plan de Reequilibrio Financiero que había quedado aprobado por el anterior Ejecutivo.

Díaz Tezanos ha reprochado, además, la supresión en Cantabria del Impuesto de Sucesiones para las cifras superiores a 350.000 euros, con las que, en sus cálculos, se ha dejado de ingresar 45 millones de euros, mientras que el plan de ajuste aprobado hace dos semanas ha incluido medidas como el aumento de tasas de basura o el céntimo sanitario.

Algo "intolerable" y una "tomadura de pelo" para Díaz Tezanos, quien ha censurado la "inacción e ineptitud" del Gobierno de Ignacio Diego, a quien ha inquirido "si sabe hacer algo más además de recortar".

Y le ha pedido que "deje de mirar al pasado", porque, de tanto hacerlo, "va a perder el norte del presente", ha advertido.

También ha criticado que no les haya facilitado cifras oficiales nio soporte documental, pese a que se lo han solicitado, sobre los 261 millones de euros de deuda sanitaria esgrimidos para aprobar el Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos —frente a los 97 millones en que se situaba el último dato oficial, de diciembre de 2010—.