El juicio por el accidente laboral que se produjo el 7 de noviembre de 2005 en el viaducto que se construía en el tramo La Herradura-Taramay, en Almuñécar (Granada), vivirá este miércoles su novena y última sesión y quedará previsiblemente visto para sentencia, una vez que Fiscalía, acusaciones populares y defensas expongan sus informes sobre las pruebas practicadas.

Todas las partes tendrán que argumentar el porqué de sus peticiones de condena, que han sido rebajadas sustancialmente. Especialmente importante será el informe que elabore el Ministerio Público, que decidió el pasado lunes, en la penúltima sesión, retirar su acusación contra los once procesados.

Tanto UGT como CCOO, personadas como acciones populares, también han modificado sus conclusiones, con penas que oscilan entre los tres meses y los dos años y medio de prisión para cada uno de los inculpados, que también se enfrentan a cuantiosas multas, de hasta 18.000 euros, por delitos contra la seguridad de los trabajadores, en el caso del primer sindicato, y por un delito de contra la seguridad y salud, en el caso del segundo. Las defensas se mantuvieron en solicitar la libre absolución.

En el banquillo se sentaron inicialmente doce imputados, entre ellos el director del proyecto de ejecución del tramo, Pablo Jiménez, el coordinador de seguridad designado por el Ministerio de Fomento, Juan Mena Delfa, y el que fuera jefe de Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental, Juan Francisco Martín Enciso. Sin embargo, a petición de la defensa de este último, el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Motril, Sergio Romero, decidió, al comienzo de la vista, el pasado 1 de febrero, apartarlo de la causa, en tanto que sólo le acusaba la acción popular ejercida por CCOO.

Aquella primera jornada, a la que asistieron multitud de medios locales, regionales y nacionales, sirvió para acoger la declaración de los once acusados, que coincidieron en resaltar que el siniestro, que costó la vida a seis obreros, era "imprevisible" puesto que, según aseguraron, todas las revisiones pertinentes a la maquinaria, incluida la autocimbra desplomada, estaban "al día".

Además, a lo largo de ocho sesiones han declarado diferentes testigos, como trabajadores que resultaron heridos, que aseguraron que todas las medidas de prevención en riesgos laborales eran "estrictas", e incluso el electricista que manejaba la cimbra siniestrada, que afirmó que la revisó justo antes del desplome. Asimismo, el inspector de Trabajo Ángel Martín-Lagos, que realizó un informe al respecto indicó que tanto el plan como el estudio de seguridad de la cimbra siniestrada eran "insuficientes" y que también era escasa la información relativa al mantenimiento de la estructura recogida en el manual de instrucciones.

Sin embargo, los peritos judiciales que analizaron las posibles causas del accidente no pudieron establecer una causa inequívoca del desplome, si bien, por descarte, indicaron que barajaban como hipótesis fallos en las uniones atornilladas y en las soldaduras de la cimbra siniestrada.

Ni la velocidad del viento, ni el uso de una grúa en la estructura, ni un desfase entre los gatos que permitían el avance de la cimbra, fueron los causantes del desplome, dijeron los peritos que designó el juez instructor, que también descartaron que se produjeran fallos durante el montaje.

Por contra, los expertos no pudieron constatar que se hubieran apretado los tornillos de la cimbra, por lo que pudo producirse un fallo en las uniones. De hecho, apuntaron que las piezas usadas, que se apretaban con una llave de maza, no eran las deseables, y que hubiera sido más adecuado el uso de lo que han llamado tornillos pretensados, y que, en cualquier caso, se deberían haber usado contratuercas que hubieran impedido el aflojamiento. Respecto a las soldaduras, incidieron en que, aunque es imposible analizarlas cuando se está ejecutando una obra, podrían haber dado de sí y acabar en su rotura por la carga que soportaban.

La mala suerte ha sido también aludida a lo largo de las sesiones, concretamente por el coordinador del informe que elaboró el Ministerio de Fomento, que ofreció su testimonio el pasado 20 de febrero, fecha en la que señaló además que el colapso "no era previsible".

Finalmente, tendrán que transcurrir unas semanas hasta que se haga pública la sentencia por el siniestro, que habrá de elaborar el Juzgado de lo Penal 1 de Motril, que durante nueve sesiones ha acogido el testimonio de casi medio centenar de personas, entre acusados, testigos y peritos.