El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha cifrado en 16,3 millones de euros el coste de los pagos realizados entre los años 2009 y 2010 por la sociedad pública de capital riesgo Invercaria a sus empresas participadas en concepto de "provisiones para afrontar situaciones de imposible cobro" en dichas sociedades, al encontrarse éstas en "situación de insolvencia". Es, en palabras de Sanz, la cantidad del "coste" que ha supuesto a los andaluces el "fraude" en esta empresa, que los 'populares' sitúan en el origen de un supuesto 'segundo fondo de reptiles' de la Junta de Andalucía, que se sumaría al de los expedientes de regulación de empleo (ERE) supuestamente irregulares.

Además, en una rueda de prensa celebrada en Sevilla, Sanz ha elevado al 76,92 el porcentaje de los riesgos que habría asumido Invercaria en 2009 para con las empresas que "no conseguían finalmente despegar", una cifra superior al 15 por ciento que, según indicó la consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, estaría asumiendo actualmente dicha sociedad de capital riesgo.

En concreto, el 'número dos' del PP-A ha señalado que, en 2009, "de las 39 sociedades participadas por Invercaria, 30 se encontraban ya en pérdidas, es decir, el 76,92 por ciento de ellas", cifra a la que se elevaría, de esta manera y según el dirigente 'popular', el riesgo asumido por la sociedad pública. Al hilo de estas cifras, Sanz ha recalcado que el PP-A "no está dispuesto a aceptar las mentiras de Moreno en este asunto".

Además, y respecto al dinero desembolsado como "provisiones" para afrontar las pérdidas y la "situación de insolvencia" de las sociedades participadas por Invercaria, Sanz ha preguntado al Gobierno andaluz "si se ha devuelto ese dinero". En concreto, ha cifrado en 6,8 millones de euros la cantidad de esas provisiones en 2009, y la ha elevado hasta "más de 9,5 millones" en el año 2010.

Son cantidades, ha insistido, que se desembolsaban "por tener que hacer frente a préstamos dados a sociedades que no se podían cobrar y que, por tanto, había que proveer", y que suponen, "pérdidas para la Junta de Andalucía".

En esta línea, Sanz ha retado al Gobierno andaluz a que "diga ahora si le ha costado o no el fraude a los andaluces", si bien él mismo ha concluido lamentando que dicho procedimiento, "presuntamente irregular, sin normas y fuera de la ilegalidad", ha costado "muy caro" a los ciudadanos de dicha comunidad.