Una familia de Mérida, compuesta de siete miembros (tres adultos y cuatro niños), y que está a punto de ser desahuciada por "no" poder afrontar el pago de la cuota mensual de su piso de alquiler, ha reclamado al consistorio de la capital extremeña una vivienda social.

Por su parte, el delegado de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mérida, Fernando Molina, ha advertido a la familia en cuestión que "la presión no sirve para obtener una vivienda".

En concreto, la orden de desahucio debería haberse hecho efectiva este pasado jueves, día 23, pero una abogada que está ayudando a la familia ha conseguido que se aplace hasta la celebración del juicio por el recurso que ha interpuesto, que tendrá lugar el día 28 de marzo.

Esta familia, que dice que no cuenta con familiares o amigos por los que pueda ser acogida, está compuesta por el matrimonio formado por Olga María Calvo y Miguel Ángel Giménez, además de sus cuatro hijos, dos adolescentes de 16 y trece años y dos niñas de cuatro y dos años, y un hermano de Olga María que vive con ellos desde octubre cuando murió la madre de ambos.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Olga María ha explicado que tanto ella como su marido y su hermano están en el paro por lo que "no" pueden afrontar el pago del alquiler. Por ello, ha explicado que los dueños del piso les han denunciado y ahora están a la espera del juicio por el recurso que han puesto que será el día 28 del próximo mes.

A su vez, Miguel Ángel ha subrayado que están "muy mal" porque tienen de plazo hasta el día 28 de marzo, el tiempo que han conseguido aplazar el desahucio, pero ha insistido en que después deberán ir "a la calle", ha lamentado. En este sentido, ha explicado que llegada esta situación, se tendrían que "separar", su mujer se iría a Barcelona, donde tienen amigos, y él se quedaría en Mérida "luchando".

El matrimonio ha contado que han recurrido a "muchos sitios", como el Ayuntamiento de Mérida y los servicios sociales, entre otras administraciones, que les han comunicado —explica el matrimonio— que hay viviendas pero que se otorgan por sorteo, por lo que no está garantizado que les vaya a tocar una y, además, puede tardar "varios meses".

Olga María ha subrayado que ellos "no" disponen de tiempo y que "ya no" saben a quien recurrir y ha añadido que, aunque desde la administración les han dicho que "no pueden hacer nada", ella cree que "sí que pueden hacer algo".

Postura del ayuntamiento

Por su parte, el delegado de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mérida, Fernando Molina, ha advertido a la familia en cuestión que "la presión no sirve para obtener una vivienda".

En declaraciones a Europa Press Televisión, Molina ha recordado que hay muchas familias que están en la misma situación y ha asegurado que la familia de Olga María Calvo y Miguel Ángel Giménez sabía del desahucio "desde diciembre" pero "no toman medidas hasta febrero, pocos días antes de que la sentencia sea firme".

El concejal emeritense ha explicado que esta familia acudió el pasado día 17 de febrero, viernes, al consistorio y formuló un registro pidiendo una vivienda. Dicho documento, ha señalado Molina, llegó a su despacho el día 20, es decir, el lunes siguiente, y "viendo que vence la sentencia el 23, en un solo día los atiende una trabajadora social", que emite un informe.

Molina ha defendido que el ayuntamiento y su delegación han actuado "con inmediatez" y "con una estrategia súper rápida" para poner en conocimiento de la situación a las organizaciones competentes porque el consistorio "no tiene viviendas, ni es su competencia", por lo que "se han tramitado y diligenciado todos sus requerimientos para que sea atendida" esta familia "en el mismo orden que todas las demás personas".

El concejal de Mérida ha subrayado que "no" pueden "hacer más" y que "es imposible correr más" y ha criticado a la familia por su "falta de previsión" ya que "han esperado hasta unos días antes para tramitar esta necesidad".

Por último, Molina ha insistido en "la presión" que esta familia está intentando meter —ha dicho— para solucionar su situación, y ha afirmado que estas personas han jugado "con no muy buena fe" al utilizar los medios de comunicación y tratar de crear una "alarma social".