El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Juan Díaz Trillo, ha criticado este jueves la modificación de la Ley de Costas de 1988 que impulsa el PP considerando que la legalización del dominio público marítimo-terrestre supondrá una "privatización" que incumpliría el artículo 132 de la Constitución Española, que establece que esta zona es patrimonio "de todos".

Además, en declaraciones a los periodistas en Granada antes de inaugurar un encuentro sobre el cambio climático, el consejero ha pedido a los 'populares' que "no hagan trampa" y que eviten el "debate engañoso" sobre los chiringuitos, recordando que la Junta de Andalucía ha hecho "en ocho meses lo que no se ha hecho en 20 años" por estos establecimientos. De hecho, ha indicado que se están concediendo autorizaciones y concesiones administrativas, que en el caso de Granada están resueltas en un 80 por ciento.

Asimismo, ha advertido de que el litoral es un "espacio muy sensible" y ha incidido en que hay tres circunstancias a tener en cuenta: en primer lugar que la zona marítimo terrestre es de dominio público, una razón que tiene como base la seguridad de los bienes y las personas, y además que el litoral "no puede ser objeto de negocio porque es patrimonio de todos" y hay que "conservarlo".

Sus declaraciones se producen después de que este miércoles el pleno del Senado haya aprobado por 177 votos a favor y 75 en contra, los del PSOE, una moción presentada por el PP por la que insta al Gobierno a modificar la Ley de Costas de 1988 para que sea compatible proteger las costas con el crecimiento económico y la seguridad del empleo y con los derechos de los propietarios en estas zonas, y que permita una aplicación homogénea en las concesiones para los chiringuitos.

La iniciativa es resultado de una enmienda transaccional de una moción inicial por la que se reclama flexibilizar los requisitos y clarificar el régimen de ocupación del dominio público marítimo terrestre para favorecer una aplicación homogénea de los mismos a las concesiones y autorizaciones de ocupación del dominio publico marítimo terrestre de los establecimientos de venta de comidas y bebidas teniendo en cuenta los intereses de todos los ciudadanos.

Asimismo, la moción pide adecuar la compensación de los derechos adquiridos "de buena fe y de forma legítima" con anterioridad a la aplicación de la vigente ley, "restableciendo seguridad jurídica" que la mayoría de grupos han manifestado, en el pleno del Senado, que falta en la actualidad.

Igualmente, propone que se estudie la paralización de las actuaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Costas hasta que se pueda modificar la ley 22/1988, cancelando "todos" los actos administrativos. Durante la defensa de la moción, la senadora del PP Patricia Navarro denunció la "aplicación injusta y arbitraria" de la actual normativa vigente que ha llevado al anterior Gobierno socialista a poner "en vilo a propietarios de viviendas y negocios".