El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), el socialista Francisco Toscano, ha considerado este miércoles prioritario que se alcance un pacto a nivel nacional entre todas las fuerzas políticas, y con el Gobierno central a la cabeza, sobre la financiación de los ayuntamientos, para que éstos puedan afrontar realmente el pago de facturas a los proveedores con los que tienen actualmente deudas.

Toscano ha realizado estas manifestaciones al hilo del anuncio del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, sobre la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un instrumento financiero para que los proveedores puedan cobrar sus deudas con administraciones como comunidades y ayuntamientos.

El presidente de la FAMP ha recordado, en declaraciones a Europa Press, que en la etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ya se aprobó que los fondos ICO se hicieran cargo de las deudas con los proveedores, algo que "no dio mucho resultado porque eran fondos a través de los bancos, los cuales que no dieron muchas facilidades, mientras que el problema de fondo de los ayuntamientos es que no tienen capacidad para afrontar pagos".

Para Toscano, resolver la situación actual de los ayuntamientos pasa necesariamente por que se alcance un pacto de estado encabezado por el Gobierno de la Nación que conlleve que la financiación de los entes locales será adecuada a los servicios que prestan.

Asimismo, ha planteado que, temporalmente, a los ayuntamientos que estén en una situación de bancarrota, se les conceda una ayuda especial o una refinanciación, exigiéndoles como contrapartida que se acojan a normas de saneamiento y de estricto cumplimiento de sus presupuestos, como ya se hizo en la etapa del Ejecutivo de Felipe González.

En su opinión, aunque hay que esperar a conocer el instrumento que aprobará el Consejo de Ministros, la experiencia demuestra que medidas temporales de ese tipo no ayudan a resolver el problema, mientras no se afronte la cuestión de fondo, que es que los ayuntamientos cuenten con unos fondos incondicionados suficientes para prestar los servicios.

Ha mostrado su preocupación por que los ayuntamientos, ante la medida que aprobará el Gobierno central, se vean obligados a pagar primero a los proveedores y se encuentren con dificultades para abonar las nóminas de sus empleados.