La Consejería de Medio Ambiente ha concedido la Autorización Ambiental Integrada (AAI) a 561 instalaciones y actividades industriales desde la entrada en vigor de la Ley 16/2002 de prevención y control integrados de la contaminación, dando "un salto importante" en los últimos años en la capacidad de las empresas y de la administración con el fin de evitar impactos negativas sobre el medio ambiente por parte del sector industrial.

Según ha explicado el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, en declaraciones a los medios antes de participar en una jornada en Sevilla para presentar el Decreto que regula dichas autorizaciones, este permiso, previsto en la Directiva europea de prevención y control de la contaminación (IPPC), lo conceden las comunidades autónomas a las empresas implicadas por esta norma comunitaria, una vez realizada la evaluación de sus instalaciones y de las emisiones que realizan a la atmósfera, al suelo o al agua.

Para el consejero, el decreto supone la consolidación de toda la normativa relacionada con la gestión integral de la calidad ambiental y un instrumento que da "seguridad" a la empresas y "cercanía, transparencia y tranquilidad" a la población.

La Autorización Ambiental Integrada, cuyo objetivo final es la protección del entorno ambiental en su conjunto, supone para la empresas una simplificación de los trámites administrativos al integrar en una misma autorización, conocida como 'ventanilla única', los permisos de carácter medioambiental.

"Con la ventanilla única los más de 20 trámites que exige la Administración a las empresas se reducen a un canal único con la Consejería a través de las distintas delegaciones provinciales en un tiempo límite de no más de diez meses máximos", ha indicado, añadiendo de esta manera se facilita el desarrollo natural de la economía, respetando el medio ambiente.

Para la concesión de esta autorización se tienen en cuenta todas las mejoras técnicas que realizan las empresas en sus instalaciones para evitar o minimizar las emisiones. De esta manera, las industrias que presentan algún tipo de deficiencia deben aplicar medidas correctoras para subsanarlas y poder obtener así la autorización. Para actividades de menor entidad, la legislación establece el procedimiento simplificado de la Autorización Ambiental Unificada (AAU).

"Hemos dado un salto importante en los últimos años en la capacidad de las empresas y la administración para evitar impactos negativos de actividades como la minería, la industria petroquímica o la agroalimentaria, en definitiva, de toda la industria con potencial contaminante", ha asegurado Díaz Trillo.

En este sentido, ha reiterado que esta herramienta da "garantía" a las empresas para prevenir y controlar las emisiones al aire, los vertidos al agua o los daños al suelo. Además, el decreto permite crear un registro de autorizaciones, así desde la puesta en marcha de la Ley se han concedido 561 autorizaciones, el 20 por ciento de éstas en el sector de la minería.

De otro lado, el titular de Medio Ambiente ha recordado que para facilitar que las empresas pudieran adaptarse a las exigencias ambientales que marca la Ley, la Junta de Andalucía ha realizado en los últimos años una serie de controles con el fin de diagnosticar las deficiencias que tienen las empresas y evaluar su situación. Para la adaptación ambiental de las mismas la Consejería ha desarrollado también una línea de subvenciones para infraestructuras ambientales, equipamientos para la adaptación ambiental de las empresas y promoción e implantación de sistemas de Gestión Ambiental.

Según Díaz Trillo, la vigilancia es "continua y permanente", con revisiones anuales. De otro lado, ha indicado que Andalucía cuenta en la actualidad con 561 instalaciones industriales afectadas por la normativa europea, traspuesta en España a través de Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación( IPPC), que suman la mayoría de la producción industrial de la comunidad autónoma.

Las industrias que requieren esta autorización son las del sector energético, minero, químico y petroquímico, textil, agroalimentario o transformación y producción de metales, entre otras. Se incluyen también las explotaciones ganaderas, los vertidos de aguas residuales urbanas de competencia municipal y las instalaciones de tratamiento y gestión de residuos. Las industrias IPPC sostienen, aproximadamente, el 26 por ciento del Valor Añadido Bruto Industrial de Andalucía.