Gobierno y Junta se reúnen este lunes para analizar la convocatoria de oposiciones en Andalucía

El viceconsejero de Educación de la Junta de Andalucía, Sebastián Cano, y el director general de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Jaime Parrondo Aymerich, se reúnen este lunes en Madrid para analizar la convocatoria de empleo público docente aprobada por Andalucía.

El viceconsejero de Educación de la Junta de Andalucía, Sebastián Cano, y el director general de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Jaime Parrondo Aymerich, se reúnen este lunes en Madrid para analizar la convocatoria de empleo público docente aprobada por Andalucía.

Según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, este encuentro responde al ofrecimiento realizado el pasado miércoles por el Gobierno central a la Junta, cuando el departamento que dirige Cristóbal Montoro envió una carta al gabinete jurídico de la Consejería de la Presidencia andaluza para mostrarle su disposición a "alcanzar acuerdos" sobre las oposiciones.

El conflicto entre ambas administraciones comenzó a finales de 2011. El Consejo de Gobierno andaluz aprobó el 20 de diciembre una oferta de empleo público docente de 2.389 plazas para el cuerpo de profesores de Educación Secundaria, Formación Profesional (FP) y Enseñanzas Artísticas y de Idiomas. Andalucía calculó estas plazas, al igual que lo hizo el año anterior para las oposiciones de Infantil y Primaria, atendiendo tanto a los límites de reposición que se establecían en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) —de un 30% por ciento como máximo— como a lo recogido en el Estatuto Básico de los Trabajadores sobre la consolidación de empleo.

Sin embargo, diez días más tarde, el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó reponer solo al diez por ciento de los empleados del sector público que se jubilasen en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en los servicios básicos. Esta medida puso sobre la mesa la posibilidad de un recurso por parte del Gobierno central si éste entendía que las 2.389 plazas docentes ofertadas por Andalucía ya no se ajustaban al límite del diez por ciento establecido con posterioridad.

Se planteó, por tanto, el mismo escenario que el año anterior, cuando el Ministerio de Economía que entonces dirigía Elena Salgado también dudó de la legalidad de las 3.796 plazas que la Junta convocó para el cuerpo de maestros. Tras varias semanas de enfrentamientos y reuniones, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dio finalmente luz verde a esta oferta de empleo público docente.

La diferencia ahora es que el Ejecutivo central está gobernado por el PP y Andalucía, por el PSOE, y que, en esta ocasión, la comunidad andaluza es de las pocas regiones —junto con País Vasco, Cantabria y Madrid— que van a realizar este proceso selectivo. Además, en estas dos últimas semanas, la tensión entre Junta y Gobierno se ha acrecentado visiblemente a cuenta del cambio de temarios aprobado por el Ministerio de Educación y de la "recomendación" hecha por este departamento a las comunidades de no convocar oposiciones este año y "acumular las plazas correspondientes" para 2013.

Después de que el Ministerio de Educación publicase el martes 7 de febrero en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la derogación de los temarios aprobados por el anterior Gobierno en noviembre de 2011 y se restablecieran, en su gran mayoría, los de 1993, el consejero Francisco Álvarez de la Chica pidió a Wert que "rectificara" y que, en caso de querer vetar las oposiciones en Andalucía, que se "atreviera a recurrirlas" pero no que sometiera a "más angustia" a los opositores con medidas como el cambio de temarios. Wert contestó lanzando una advertencia a Andalucía: la "ley es para todos" y, por tanto, la oferta de empleo público docente tiene que atender a una tasa de reposición docente del diez por ciento, no del 30.

Tras este aviso, y después de que sindicatos y una gran mayoría de opositores exigiera al Ministerio y al PP que aclarase "ya" si iba a recurrir las oposiciones o no, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, anunció que el Gobierno de la Nación iba a abrir "un cauce de diálogo" con la Junta al respecto de las oposiciones. Dicho cauce se materializará este lunes con la reunión entre el viceconsejero andaluz de Educación, Sebastián Cano, y el director general de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales de Hacienda, Jaime Parrondo Aymerich.

Queda saber ahora, pues, si tras este encuentro el Ejecutivo central dará luz verde a la convocatoria andaluza tal y como está planteada en estos momentos o si se producirán algunos cambios para ajustar la oferta de 2.389 plazas a la tasa de reposición del diez por ciento, lo que supondría una significativa reducción de las mismas para este 2012.

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