El Ayuntamiento ha instado a Endesa a que presente "en breve" una serie de documentos acreditativos de la legalidad del centro transformador eléctrico ubicado en la glorieta de Ruperto Chapí, en el entorno más inmediato de las calles Canal, Tomás Pérez, Aragón, Tarragona y Paulo Orosio, solicitando además un estudio de evaluación de posibles riesgos para la salud.

Según han confirmado a Europa Press fuentes municipales, entre la información solicitada a la eléctrica se encuentra la documentación relativa a la legalidad del centro, un estudio de evaluación del peligro de accidentes y de los riesgos para la salud pública, entre otros. Esta medida va acompañada de otras solicitudes dirigidas a diferentes organismos públicos competentes para la realización de los estudios e investigaciones oportunos.

En este marco, cabe recordar que un sector de vecinos de la barriada sevillana del Cerro del Águila ya había recogido firmas y había pedido amparo al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ante los "peligros" que suponía a su entender la existencia de este centro transformador para los ciudadanos de esta zona. Actualmente, continúan movilizándose con el objetivo de desmantelar el centro, planteándose incluso "llevar este asunto a los tribunales, si fuera preciso", entre otras medidas.

Así, el portavoz de este colectivo, Juan Carlos Parrilla, ha explicado a Europa Press que en estos días se han mantenido varias reuniones con el delegado del Distrito Cerro-Amate, José Miguel Luque, y el director de la Junta del Distrito, José Lugo. "El resultado de dichos encuentros ha sido muy satisfactorio dado que los representantes municipales se han posicionado a favor de las reivindicaciones de los vecinos afectados y han iniciado una serie de gestiones para dar respuesta a este grave problema", indica, tras poner en valor el hecho de que el Ayuntamiento inste a Endesa a que remita la información pertinente.

Junto a este encuentro, los vecinos también han mantenido un encuentro con Endesa en enero, tras lo que este colectivo se ha mostrado "indignación" ante la postura de la eléctrica, que se niega al desmantelamiento de las instalaciones y a la que acusan de manifestar su "indiferencia y menosprecio a las reivindicaciones realizadas y negando los peligro de accidente pero sin pruebas ni fundamentos". Además, confirmaron a los vecinos que la parte superior de la subestación está alquilada para el uso de antenas de telefonía móvil, lo que "aumenta el riesgo de emisión de radiaciones", en opinión de los vecinos.

Este colectivo vecinal asegura que continuarán con su plan de acciones hasta que se le dé una respuesta y se desmantele la subestación eléctrica. "Los vecinos afectados esperan pronto una nueva respuesta por parte de las autoridades municipales, porque el malestar del vecindario va en aumento al ver como los comercios de la zona van desapareciendo, algunas personas han optando por marcharse del barrio y aumenta el número de personas con diferentes patologías en las zonas más cercanas a la subestación", subraya Parrilla, que advierte de que "el riesgo de una catástrofe en la zona sigue existiendo y el miedo va cobrando aún más fuerza".