El portavoz del grupo socialista en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, se ha mostrado convencido este jueves de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, e incluso el presidente del PP-A, Javier Arenas, se han convertido en "cómplices" de "la agresión sin precedentes" que supone la aprobación del nuevo acuerdo agrícola de la Unión Europea (UE) con Marruecos, que ha calificado de "golpe mortal" para el sector, principalmente para los agricultores de la fresa y el tomate.

En declaraciones a los periodistas en La Palma del Condado (Huelva) antes de que se conociese que el pleno del Parlamento Europeo ha dado luz a este acuerdo, Jiménez ha remarcado que esta nueva normativa tendrá "consecuencias nefastas" para la actividad agrícola en Andalucía.

En este sentido, el dirigente socialista ha lamentado que "no tengamos un Gobierno que nos defienda y no dé la cara por el sector", al tiempo que ha reprochado que "se sacrifiquen los intereses de los agricultores".

Asimismo, ha señalado que ante esta coyuntura "habrá que estudiar todas las medidas" e incluso plantea que "se recurra al Tribunal de Estrasburgo" ante un acuerdo "lesivo" para los agricultores andaluces.

Jiménez ha dejado claro que "no se puede descartar ninguna medida", a lo que ha añadido que de salir adelante el acuerdo, tal y como ha sucedido, "habrá que exigirle a Marruecos el cumplimiento exhaustivo" de las medidas relativas a la seguridad alimentaria o los derechos laborales, entre otras.

Así, el también secretario general del PSOE de Huelva ha hecho hincapié en que "no debe entrar ni una sola fresa en España que no haya cumplido la normativa igual que los agricultores onubenses y andaluces". Según ha enfatizado, "el Gobierno de España tiene que ser garante de esto".

A su juicio, "tiene que aplicarse una cláusula de salvaguarda que debe fijarse en el propio tratado, al objeto de que se garantice una indemnización a los agricultores si no se hace una correcta aplicación de las condiciones del convenio".

Ante esto, en clave provincial, ha indicado que este acuerdo "pone en peligro a más de 2.000 agricultores onubenses y a 4,5 millones de jornales" y de ahí "lo perjudicial" de esta nueva normativa.