Asaja Valladolid ha pedido a la Consejería de Economía que asuma el "error" que cometió con el "macropolígono" Área Canal de Castilla y pague "las tierras que arrebató", al tiempo que se ha preguntado dónde han quedado los datos y previsiones que manejaba "a la vista de que han fallado todas".

La organización agraria, en un comunicado recogido por Europa Press, se ha expresado así en relación a las declaraciones del consejero de Economía, Tomás Villanueva, sobre la ralentización de las inversiones en el citado área industrial.

A este respecto, Asaja pregunta al consejero "dónde esta ahora la urgencia y necesidad de suelo industrial que hizo que se arrebatase a la fuerza a los agricultores sus tierras".

Además, ha criticado que la Consejería se equivocara en la planificación de este proyecto y cree que "ya es hora de asumir el error que se cometió y pagar a los agricultores". Para esta organización, comentar ahora que no se va hacer nada "no es suficiente porque todavía quedan familias sin tierras y sin cobrar".

Inversión "desproporcionada"

Asaja ha recordado que en este polígono se ha realizado un gasto "desproporcionado" en planificación, proyectos y acondicionamiento inicial del que considera responsable "directo" al consejero de Economía, mientras los agricultores "veían impotentes como en un gran despliegue trabajaban en sus tierras no cobradas".

Para la organización es "fundamental" que Economía reconozca lo "erróneo" de la planificación de este proyecto, asuma todos los fallos cometidos y como responsable único y último "pague por fin las tierras tan rápidamente arrebatadas a sus antiguos dueños".

La problemática entre los agricultores de los términos de Cigales, Corcos y Cabezón de Pisuerga y la Junta de Castilla y León se remonta al año 2005, cuando la Consejería decidió ante "la necesidad urgente de suelo industrial" expropiar contra la voluntad de los agricultores y en nombre del "bien general" más de 300 hectáreas en estos términos, ha recordado Asaja.

La organización ha incidido en que desde el principio se inició un contencioso que prosigue hoy en día y que tiene a un 40 por ciento de los agricultores afectados sin tierras y sin dinero, pues todavía se deben unos 11 millones de euros a sus legítimos propietarios.