Así lo desvelan los datos extraídos del último Observatorio SIFU de Empresa y Discapacidad, que colocan a la Comunitat en el primer lugar de cumplimiento con esta Ley, seguida de Murcia y Galicia (65%).

Los datos indican que el 60 por ciento de las empresas valencianas considera que no existen dificultades considerables a la hora de cumplir con la LISMI. En consecuencia, la Comunitat es la autonomía donde menos dicen recurrir a las medidas alternativas para cumplir con esta Ley.

A pesar de que más del 95 por ciento de las empresas valencianas con más de 50 empleados conoce la Ley y la obligación de cumplirla, un 11 por ciento de estas afirma no cumplirla. Los datos del Observatorio SIFU revelan que de las empresas que afirman cumplirla, el 58 por ciento lo hace porque es una ley de obligado cumplimiento, pero un 25 por ciento apuestan por cumplir la LISMI porque consideran que las personas con discapacidad tienen las mismas capacidades y deben tener las mismas oportunidades que cualquier otra persona.

Las empresas valencianas tienden a incorporar a personas con discapacidad en puestos de operario (77%). Los cargos administrativos ocupan el segundo lugar con el 38% de las respuestas de las empresas, y sólo un 11 por ciento afirma haber contratado alguna vez una persona con discapacidad para un cargo intermedio o directivo.

Asimismo, más del 70 por ciento de las empresas valencianas repetiría la contratación de personas con discapacidad porque valoran tanto su preparación para el puesto que ocupan, como los beneficios que obtiene la empresa gracias al servicio de calidad y el precio competitivo que ofrecen

Finalmente, el 97 por ciento de las empresas entrevistadas afirma conocer la obligación de reservar el 2 por ciento de la plantilla a personal con algún tipo de discapacidad. Este porcentaje disminuye considerablemente, hasta el 57 por ciento, cuando se pregunta sobre el conocimiento de las medidas alternativas que recoge la propia LISMI para su cumplimiento.

De estas medidas alternativas, la más conocida es la compra de productos o servicios a Centros Especiales de Empleo (CEE) con un 90%, y la segunda son las donaciones (56%). De las empresas que cumplen la LISMI, el 77% afirma que en alguna ocasión ha comprado productos o servicios a los CEE.