El PP de Alcalá de Guadaíra muestra la resolución que obliga al Ayuntamiento a pagar 108.800 euros

La portavoz del Partido Popular en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Mª Carmen Rodríguez Hornillo, ha facilitado este miércoles en rueda de prensa la documentación que certifica que el Ayuntamiento alcalareño debe devolver un montante de 108.800 euros al Tesoro Público por "subvenciones no empleadas o injustificadas".

La portavoz del Partido Popular en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Mª Carmen Rodríguez Hornillo, ha facilitado este miércoles en rueda de prensa la documentación que certifica que el Ayuntamiento alcalareño debe devolver un montante de 108.800 euros al Tesoro Público por "subvenciones no empleadas o injustificadas".

"El Partido Popular nunca miente ni pretende dañar, tal y como se le acusa desde el equipo de gobierno socialista, únicamente procura comunicar aquello que se considere un perjuicio para los alcalareños", destacó la edil 'popular'.

De hecho, el documento facilitado por Hornillo es la resolución 251/2012, de 3 de febrero de la Delegación de Gobernanza, en la que se aprueba la devolución de "subvenciones no empleadas o injustificadas", por valor de 108.800 euros, que tenían por objeto "el Empleo y Sostenibilidad Local".

Según dicho escrito, la subvención fue concedida por la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial para la financiación de actuaciones sociales dentro del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, con un importe de 90.000 euros destinados a financiar el proyecto 'actuaciones tendentes a la promoción de la autonomía personal', 20.000 euros para el proyecto 'punto de encuentro familiar' y 18.000 euros para la financiación de 'mediación familiar'.

Tal y como recoge la resolución, al no haberse justificado la ejecución de dichos proyectos el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra debe devolver el 85 por ciento de las cuantías, lo que supone 76.500 euros para el proyecto de autonomía personal, 17.000 euros por el proyecto de punto de encuentro familiar y 15.300 euros por el proyecto de mediación familiar.

"La falta de justificación parcial o total de la aplicación de los recursos recibidos con cargo al Fondo implicará la obligación de reintegrar las cantidades justificadas, siendo tramitada por la Dirección General de Cooperación Local teniendo el expediente de reintegro la consideración de ingresos de derecho público", se explica en la resolución 251/2012, de 3 de febrero.

"En este caso, y con las necesidades que padece nuestro pueblo con más de 12.600 demandantes de empleo, el Partido Popular considera una aberración la pérdida de subvenciones para el empleo local", concluyó la portavoz 'popular'.

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