El Ayuntamiento quiere grabar con cámaras de tráfico los delitos

Tiene en marcha un plan para utilizarlas contra catástrofes naturales y estudiará si extiende su uso para atajar la inseguridad.
Valencia podría tener uno de los sistemas más modernos de gestión de catástrofes medioambientales de Europa gracias a la puesta en marcha de un proyecto de televigilancia financiado por la Unión Europea llamado Dyvine, que en nuestra ciudad se aplicaría en caso de inundaciones.Pero eso no es todo. Según fuentes municipales, el Ayuntamiento estudiará que ese mismo sistema de videovigilancia se pueda aplicar para combatir la delincuencia y el vandalismo en las calles: «Todo lo que pueda servir para mejorar la seguridad de los ciudadanos y sea viable, se intentará llevar a cabo».

El objetivo de la iniciativa es conectar en red todas las cámaras de tráfico y sensores que hay repartidos por la ciudad para que en el momento en que se produzca una inundación «se pueda controlar desde un puesto de mando el nivel de las aguas, las zonas de la ciudad que no desagüen, así como localizar a las personas que puedan quedar atrapadas», según dijo ayer el delegado de Innovación, Juan Eduardo Santón.

En las próximas semanas se reunirán los delegados de Innovación y Seguridad Ciudadana del Consistorio con el equipo de la Politécnica encargado de desarrollar el proyecto para establecer sus futuras aplicaciones. Contará con una fase inicial de investigación de 18 meses, pero su aplicación práctica podría tardar entre tres y cuatro años.

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Requisitos jurídicos

Ley de videovigilancia: Data de 1997. Regula cómo utilizar las cámaras en lugares públicos.

Objetivo de las cámaras: Las cámaras sólo podrían ser para erradicar la violencia y los delitos. El uso de las imágenes está limitado por los derechos a la intimidad y a la propia imagen.

Cómo evitar la lesión de la intimidad: Las cámaras en ningún caso podrán enfocar el interior de viviendas ni de comercios y sólo podrán grabar la vía pública.

Validez de las imágenes: Todo lo que se grabe debe destruirse en un plazo máximo de un mes, a no ser que se produzca un delito y se necesiten las imágenes.

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