En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Audiencia Provincial considera probado que, sobre las 20,00 horas del 8 de diciembre de 2009, víctima y agresor se encontraron en la barriada Pablo VI de Alcalá de Guadaíra tras mantener una discusión telefónica, momento en el que el procesado "le golpeó" en la barriga y con un teléfono móvil en la cara, a la que vez que le decía "eres una puta, el niño te lo voy a quitar a patadas".

Para evitar problemas mayores, la joven aceptó acompañar al condenado a la casa donde éste vivía con sus padres, y una vez allí, donde se encontraban varios familiares del procesado, éste intentó quitarle la ropa "con la intención de mantener relaciones sexuales", a lo que ella se negó, lo que hizo que el joven le diera un fuerte golpe con el puño en el muslo.

Con ello, logró que la víctima se quitara la ropa y accediera a mantener relaciones sexuales para evitar más agresiones; tras penetrarla, el acusado le pidió perdón, manifestándole ella que no quería seguir con la relación. A continuación, y mientras la joven recibía una llamada telefónica de su madre, el procesado abrió una navaja "por si decía algo inconveniente", añade el fallo consultado por Europa Press.

Según el condenado,

Las relaciones fueron consentidas

Tras discutir "en buen tono" sobre cuestiones relacionadas con el embarazo, el imputado pidió a su pareja volver a tener relaciones sexuales, a lo que ella accedió "para poder marcharse cuanto antes", tras lo que el procesado acompañó a la afectada a su domicilio. En el juicio, el acusado defendió que era cierto que tuvo relaciones sexuales con su pareja, pero que fueron consentidas, negando que le pegara o amenazara ni en su casa ni en la calle.

La Audiencia dice que "es cierto" que el comportamiento de la denunciante "puede resultar extraño" e incluso "poco razonable" si se tiene en cuenta lo "irracional" de alguna de las circunstancias que concurrieron en la secuencia de hechos, como por ejemplo que se marchara con una persona a quien "tenía miedo" o que accediera a ir con quien acababa de agredirle al domicilio de éste, "en vez de volverse inmediatamente a su casa".

También considera "extraño" que la víctima "no pidiera auxilio cuando estaba siendo agredida sexualmente si en la habitación contigua se encontraban los familiares" del agresor, pero "ha de tenerse en cuenta las especiales circunstancias de la agredida, que sólo tenía 19 años, se encontraba embarazada del procesado y tenía una dependencia emocional hacia éste por temor a su violenta conducta".

No obstante, "que podamos calificar como extraño el comportamiento de la denunciante no tiene por qué cuestionar automática e irreversiblemente su credibilidad", ya que el testimonio de la joven "ha resultado creíble, porque es uniforme desde sus primeras declaraciones", a lo que se añade que el parte médico y el informe médico forense "corroboran esta versión".

La madre de la víctima le obligó a denunciar

Además, la credibilidad de la denunciante se ve "reforzada" por el hecho de que no tuviera, en principio, la intención de denunciar, ya que "asumía lo ocurrido como un incidente más de la dependencia que sufría respecto del procesado", y fue su madre quien, al ver las "visibles" lesiones que tenía y conocer el relato íntegro de lo ocurrido, le obligó a formular la denuncia.

"Por tanto, si ni siquiera quería denunciar pese a haber sufrido agresiones, no es posible sostener que existiera animadversión de la denunciante, que en su ingenuidad y transparencia manifestó en el juicio que todavía quería al acusado", prosigue la Audiencia, añadiendo que el acusado "intentó justificar la incredibilidad del testimonio de la joven deslizando continuamente que las discusiones y la denuncia podían obedecer a que ella quería abortar y él no".

Según dice la Audiencia, la joven "explicó que ella no quería abortar y que abortó porque la convencieron, lo que ella entendió y ahora agradece porque poco futuro iba a tener su hijo con un padre sin expectativas laborales ni ganas, que se levantaba tarde y sólo se preocupaba de fumar porros".

La Audiencia condena al procesado a seis años de cárcel por un delito de agresión sexual; a nueve meses por un delito de amenazas graves, y a seis meses de prisión por un delito de maltrato, así como al pago de una indemnización de 6.300 euros a favor de la víctima, cantidad que "se considera proporcionada a la naturaleza de la agresión y al daño moral sufrido por la denunciante, que no ha sido muy intento por suerte y gracias al tratamiento recibido".