La Audiencia de Valladolid se ha visto hoy obligada a suspender el juicio previsto contra cinco acusados de estafar a ciudadanos marroquíes, a los que, presuntamente, cobraban por falsas ofertas de empleo, debido a la incomparecencia de dos de las personas imputadas, una de ellas por enfermedad y otra, presa en un centro de Barcelona, al no ser trasladada a tiempo debido a un error cometido al confundir su identidad con la de un varón.

Hakima H, de origen marroquí, había sido declarada en rebeldía y sobre la misma pesaba una orden de busca y captura dictada por la Audiencia de Valladolid, tribunal que hace unos días fue informado de que la prófuga había sido detenida y encarcelada en Cataluña y se encontraba a la espera de ser trasladada a la capital del Pisuerga para ocupar hoy banquillo junto a sus otros cuatro presuntos cómplices.

Sin embargo, la acusada no ha sido finalmente trasladada desde el penal catalán debido a un error de los servicios penitenciarios de la Generalitat, que, en la creencia de que su identidad correspondía a un varón, la han buscado en un centro carcelario de hombres y no de mujeres.

En libertad provisional

Ante ello, la Audiencia Provincial ha celebrado una comparecencia con Hakima H, que ha sido interrogada por videoconferencia, y ha decretado su puesta en libertad provisional, con la conformidad del fiscal y resto de partes personadas, tras ser advertida la joven de su obligación de estar localizada, comunicar cualquier cambio de domicilio y comparecer en la vista, cuya fecha de celebración ha sido pospuesta para el 21 de marzo.

La acusada, durante el interrogatorio al que ha sido sometida, ha explicado que reside desde hace tres años en Tarrasa y que cobra mensualmente unos 2.000 euros gracias a los servicios de limpieza que compagina, "si es necesario", con un trabajo complementario en un club de alterne.

La suspensión del juicio estuvo también motivada por la incomparecencia de otro de los imputados también residente en Cataluña, Sergio G.Z, cuya letrada aportó un certificado médico que hacía constar que en la tarde de este jueves tuvo que ser atendido de urgencia por asma en un centro sanitario de Salou, donde le habían aconsejado seguir tratamiento en su domicilio.

Ambos acusados, junto con los también imputados Hamid G, Jeremías R.E. y Francisco Ll.B, se exponen a penas de cuatro años de prisión por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y, alternativamente, a tres años por estafa como autores de hechos cometidos durante el ejercicio de 2003, cuando, supuestamente, cobraron distintas cantidades a siete ciudadanos procedentes de Marruecos a cambio de falsas ofertas de empleo.

El fiscal también interesa multas de 5.760 euros y que indemnicen, conjunta y solidariamente, a sus víctimas con las cantidades obtenidas de ellas, que globalmente suman más de 14.000 euros.

Los hechos que se les atribuyen se desarrollaron durante 2003, cuando los cinco acusados, puestos de común acuerdo, siempre según entiende probado el Ministerio Fiscal, concibieron un plan en virtud del cual Hamid G. y Hakima H. contactaban con compatriotas suyos al objeto de facilitar su llegada a España y les cobraban cantidades de entre 2.000 y 4.000 euros bajo la promesa de facilitarles puestos de trabajo ofertados por los otros tres procesados que, sin embargo, no respondían a la realidad.

En todos los casos, una vez que Hamid G, en colaboración con la también acusada Hakima H, conseguía el dinero, remitía a la ciudad de Lérida la documentación que las víctimas le entregaban y allí, tras aportar el resto de acusados ofertas de trabajo, se presentaba solicitud ante la Subdelegación del Gobierno de la citada provincia catalana.

Era a posteriori, ya en territorio español, cuando los solicitantes descubrían que el puesto de trabajo habrían de buscarlo en el mercado negro, pues lo que a ellos se les ofrecía era únicamente la entrada legal en España y no un empleo.