La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido no recurrir el auto del juez Fernando Grande-Marlaska por el que acordaba el archivo de la causa que se seguía por la contratación del Yak-42, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) provocando la muerte de 62 militares españoles, aunque no descarta adherirse a los dos que ya han presentado las familias de las víctimas.

Así lo han indicado fuentes fiscales que han señalado que el Ministerio Público no tiene previsto solicitar al juez instructor ni a la Sala de lo Penal, superior jerárquivamente al magistrado, la reapertura de la causa, en la que estaban imputados seis altos mandos de la cúpula militar del exministro de Defensa Federico Trillo.

La Fiscalía ha tomado esta decisión a pesar de que en el último informe que presentó en el marco de este procedimiento sostenía que la "absoluta falta de diligencia" de los "responsables militares competentes" podía poseer "relevancia penal indudable como imprudencia grave en la producción del siniestro".

Aunque el teniente fiscal del caso, Fernando Burgos, presentó en diciembre pasado un borrador de escrito en el que solicitaba el archivo de la causa, el informe definitivo remitido al juez por orden del fiscal-jefe, Javier Zaragoza, estimaba que existe una "concurrencia de indicios que definen la culpa o imprudencia grave generadora de responsabilidad penal en relación con las 62 muertes producidas", lo que se concretaría en otros tantos delitos de homicidio por imprudencia grave.

Según el Ministerio Público, al contratar el vuelo se produjo "una conducta omisiva de los más elementales deberes objetivos de cuidado en el ejercicio de estas funciones", y ello a pesar de que los responsables militares tenían "conocimiento de las enormes deficiencias e irregularidades que caracterizaban los vuelos de esta clase que se ejecutaron en los meses anteriores con aviones de fabricación rusa". "Lo que nos conduce a sostener que hubiera sido evitable", concluía.

Dos recursos en marcha

En todo caso, el auto de archivo ha sido recurrido por dos acusaciones particulares que ejercen la principal asociación de víctimas y otro grupo de familiares. En su escrito, la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Accidente Aéreo Yak-42 sostiene que la cúpula militar del exministro de Defensa Federico Trillo tenía "conocimiento del riesgo" que suponía volar en este tipo de aparatos.

El recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, sostiene que en el procedimiento obra "una multitud de datos e información" que determinan que el vuelo siniestrado era "inseguro e ilegal" y que no "debía haberse producido de acuerdo con la normativa vigente, al no superar los umbrales mínimos imprescindibles de seguridad".

"El conocimiento del riesgo era evidente para los imputados en el presente procedimiento", señala esta parte antes de apuntar que un informe del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército (CISET), otro del Mando Aéreo de Levante y III Región Aérea (MALEV) y varias preguntas parlamentarias presentadas por el Grupo Socialista "evidencian que se tenía conocimiento del riesgo que implicaba la utilización de estos aviones".

"La utilización del mecanismo de contratación a través de la agencia de la OTAN Namsa en sí mismo no supone la creación de un riesgo censurable penalmente pero, evidentemente, la singularización del procedimiento de contratación del Yak-42 sí lo supuso y (...) a través de las sucesivas contrataciones, no sólo se distraía dinero público sino también y, sobre todo, seguridad para los militares españoles", añade.

"incumplieron el contrato"

El segundo recurso, presentado por las familias de dos comandantes que fallecieron en el siniestro, sostiene que los seis mandos militares imputados tenían "conocimiento de las quejas, participaron en el contrato de adjudicación, lo incumplieron, llevaron a cabo reuniones con la contratista, desarrollaron un programa y planificación de vuelo incorrecta, y tienen responsabilidades por mandato de su cargo".

Esta acusación particular basa su recurso en el informe de investigación que realizaron las autoridades turcas, que sostenía que el Yak-42 siniestrado "no era apto para volar", y la "incorrecta" valoración de la prueba que, a su juicio, se ha practicado durante la instrucción.

"falta de preparación" de la tripulación

Grande-Marlaska archivó el pasado 2 de febrero la causa en un auto en el que reconocía "la gravedad de los hechos" investigados pero especificaba que los seis altos mandos militares imputados no tuvieron "responsabilidad penalmente relevante" en el accidente, que atribuía a la "falta de preparación" de la tripulación.

El juez imputaba 62 delitos de homicidio por imprudencia grave al exjefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuía "todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas" y al jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que consideraba "responsable de la contratación" del aparato.

También estaban imputados el jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor Conjunto (EMACON) y del Grupo de Control del Contrato, el contra almirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo; y el teniente coronel Abraham Ruiz López, enlace de la división de planes del Estado Mayor Conjunto ante la agencia de la OTAN Namsa.