El diputado del PRC Javier López Marcano ha presentado una pregunta para que el Gobierno de Cantabria facilite por escrito la relación de personas que ha contratado para trabajar en las diferentes consejerías y en las sociedades públicas dependientes de ellas desde el 1 de julio pasado y clarifique quiénes de esos contratados proceden de la empresa Apia XXI.

Las preguntas del parlamentario regionalista responden a su "más que fundada sospecha" de que los despidos realizados por el Ejecutivo que preside Ignacio Diego "no tienen otro fin que desprenderse trabajadores vinculados a otras opciones políticas para sustituirlos por enchufados del Partido Popular".

Esta sospecha se ha visto "reafirmada", dice, tras constatar el PRC que el senador del PP José Luis Vallines ha colocado a su hija al frente del departamento de Comunicación de la Sociedad Regional de Turismo, un hecho "llamativo y revelador de la forma de ser, el modo de actuar y las motivaciones auténticas del Gobierno de Cantabria", en opinión de López Marcano.

Del mismo modo ha cuestionado la incorporación a diversas sociedades y organismos públicos de "un número significativo" de ex trabajadores de la empresa Apia XXI, actualmente en dificultades y con una sede en el Parque Científico y Tecnológico que el Ejecutivo cántabro baraja adquirir, "sin que se sepa muy bien por qué o para qué" y con una inversión "millonaria".

Ryanair en bilbao

Por otro lado, Marcano también ha preguntado al Gobierno qué opina de las consecuencias que puede tener para el aeropuerto de Parayas el próximo inicio de operaciones en Bilbao por parte de la compañía Ryanair, confirmado para el próximo verano.

Esta pregunta se suma a las que ya presentó sobre el mismo tema la semana pasada, tras tener conocimiento de las conversaciones iniciadas por la compañía aérea irlandesa tanto en Bilbao como en Asturias, una vez confirmado que existe un acuerdo para extender sus servicios a la capital vizcaína.

Aunque dispone de 20 días para responder por escrito a todas estas cuestiones, el diputado regionalista espera que el Gobierno no agote los plazos "por la importancia y la trascendencia de la información que se le requiere".