“Lo siento mucho pero esta es la realidad que tenemos y nos obliga a tomar medidas”. Con estas palabras anunció el pasado 13 de enero la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, el cierre de la Televisión Municipal de Valencia, que gestionaba una empresa privada con un presupuesto de 180.000 euros. A la rueda de prensa asistían trabajadores de la misma, que se quedaron de piedra al enterarse por boca de la propia edil del fin de las emisiones.

En plena oleada de recortes del gasto público, que ya llegan a áreas consideradas intocables en otros tiempos como sanidad y educación, y con subidas de impuestos que ya notan los ciudadanos en sus nóminas, los ayuntamientos han optado por renunciar a sus propios medios de comunicación, cuyo gasto ven difícil de justificar en esta coyuntura económica.

Las televisiones locales de titularidad municipal florecieron a finales de los noventa y se consolidaron en la última década. O al menos eso parecía, al calor de las concesiones de Televisión Digital Terrestre (TDT), que les garantizaban un hueco en los receptores de sus ciudadanos. Parecían contar con la seguridad que ofrece el presupuesto de una administración pública, en este caso los ayuntamientos. Pero llegó la crisis, y con ella se han esfumado muchas de esas certidumbres.

La primera que dejó de eimitir fue Canal 25, la televisión municipal de Mislata, en marzo de 2011, tras 20 años en antena. El servicio se ha reconvertido en Mislata Televisió, una página web del Ayuntamiento que ofrece contenidos audiovisuales de la localidad.

Cierres tras cambios políticos

Las elecciones locales de mayo de 2011 supusieron otro punto de inflexión. El cambio político en Gandia (pasó de manos del PSOE al PP) propició el cierre inmediato de Gandia Televisió, muy arraigada en toda la comarca de La Safor. Lo mismo ocurrió con TVO, el canal de Ontinyent, tras la llegada a la Alcaldía del socialista Jorge Rodríguez, que justificó la decisión para “atender servicios básicos”.

El caso de Sagunt fue todavía más peculiar, ya que el Consistorio decidió acabar con el canal pese a que solo emitía por Internet, con un gasto anual de 44.000 euros. Cullera, al igual que Valencia, eliminó la suya el pasado mes de enero.

Canal 9 prepara su tijeretazo laboral

Si la situación de las televisiones locales ha sido insostenible y sus cierres se han precipitado en cadena, no menos angustiosa es la situación de las cuentas de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) por Canal 9. El ente público autonómico puso en marcha el pasado 11 de enero los preparativos para un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que podría afectar a cerca de 1.000 de sus 1.800 trabajadores. Una empresa llevará las riendas del ajuste laboral.