El juzgado número 9 de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla ha emitido un auto por el que se suspende el protocolo de integración del personal en la Agencia Andaluza del Conocimiento en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), según ha destacado CSIF, que presentó el recurso contra dicho protocolo.

Según indica CSIF en una nota, en el auto se destaca que dicha suspensión viene motivada "por la probable falta de ajuste a los principios constitucionales de la integración", de forma que, a juicio del sindicato, los jueces "vuelven a dar otro varapalo a la a todas luces ilegal reordenación del sector público".

En este sentido, el citado auto suspende la resolución de la Secretaría General para la Administración Pública por la que se aprobaba el protocolo de integración del personal en esta agencia, como otro de los pasos de la ya famosa Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público Andaluz, que de esta forma sufre otro fuerte varapalo judicial.

La asesoría jurídica de CSIF-A interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la citada resolución de la Secretaría General el pasado 7 de diciembre, pidiendo la adopción de medidas cautelares de suspensión de la citada resolución. De esta forma, CSIF-A alegó "la irreparabilidad del daño que se podría ocasionar si no se suspende la resolución impugnada".

Así, según indica el auto, "hay que reconocer que se si no se adopta la medida cautelar de consolidarse la integración regulada en el protocolo impugnado sería prácticamente imposible retrotraer la situación en la que se verían afectados los trabajadores y afectaría a la estabilidad y a la carrera profesional de los empleados públicos".

De esta forma, el Juzgado estima la adopción de medida cautelar basada en la "probable falta de ajuste a los principios constitucionales de la integración acordada", dándole "otro varapalo" judicial a la Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz.

Para CSIF-A, se trata de "otro éxito judicial de calado que pone de manifiesto la lucha incesante de este sindicato en la defensa de los intereses de los empleados públicos". CSIF-A, que prometió que "hasta que la Ley 1/2011 no fuese derogada no iba a conformarse", apunta que "todas las decisiones judiciales sólo refrendan el buen camino ejercido por el sindicato para lograr esta derogación".