La Audiencia Provincial de Palma ha dado la razón a la Fiscalía y a las defensas del caso Peaje, que solicitaban que las declaraciones de imputados y testigos fuesen transcritas en soporte papel debido a que los interrogatorios recogidos en soporte audiovisual resultan "prácticamente indescifrables". De hecho, el propio Juzgado que instruye la causa ya tuvo que declarar nulas varias de estas declaraciones.

En su auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal de la Sección Segunda ha acordado revocar la providencia dictada por la jueza instructora Ana San José, en la que rechazaba efectuar la transcripción judicial de la totalidad de declaraciones practicadas, de forma que continuarían grabándose los interrogatorios. El Ministerio Público recurrió la resolución, adhiriéndose a la impugnación varios de los abogados personados en el proceso.

La Fiscalía solicitaba que quedara sin efecto la providencia recurrida y se acordase levantar acta escrita de las declaraciones, mostrando en su recurso una "preocupación que comprende y comparte este tribunal", tal y como señala el auto de la Audiencia.

La resolución esgrime, entre otros argumentos, que la Ley de Enjuiciamiento Criminal regula la grabación en soporte audiovisual únicamente referida al juicio oral y la necesidad de levantar acta escrita en la fase de instrucción para testigos e imputados. El tribunal asevera además que las diligencias que se practican en esta fase "lo son con la vocación de articular la defensa de cara a un posible juicio oral".

Y concluye que no sólo son frecuentes las deficiencias en la grabación audiovisual de actos y diligencias sino que, sobre todo, "los juicios son más ágiles cuando en vez de la reproducción de la grabación se leen los pasajes que interesa cuando se interroga a acusados, testigos y peritos".

En concreto, el caso Peaje investiga un presunto desvío de 23 millones de euros públicos durante la ejecución del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor así como la supuesta utilización a nivel particular de materiales destinados a estos trabajos.

La causa se inició a raíz de la denuncia que interpuso el Ministerio Fiscal contra 16 exaltos cargos del Consell de Mallorca y empresarios en marzo de 2009 como consecuencia del supuesto desfase de 23 millones de euros que se habría producido sobre los 140 millones inicialmente presupuestados para el proyecto, que corrió a cargo de la UTE Desdoblamiento C-715 (integrada por las empresas Melchor Mascaró, Electro Hidráulica, Obras y Pavimentos MAN, Aglomsa, Itinere Infraestructuras, MAB y Sacyr).

Según consta en la denuncia, los imputados podrían haber incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho y falsedad en documento mercantil. Sin embargo, algunos de los encausados han negado un desvío a fines particulares y que el desfase repercutiese en las arcas del Consell, al defender que la adjudicación de los trabajos recayó en manos de la empresa Pamasa y fue posteriormente cuando esta sociedad subcontrató las obras a la UTE.