El Gobierno ha establecido este viernes un límite de 300.000 euros a las remuneraciones que perciben los máximos directivos de las cuatro entidades controladas por el Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB), y que serán subastadas a lo largo del año.

Estas entidades, que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha calificado como "intervenidas", son Catalunya Caixa, Unnim y Novagalicia, a las que se une el Banco de Valencia, cuyo consejo de administración fue destituido por el Banco de España hace unos meses.

El presidente de Catalunya Caixa, Adolf Todó, percibe 1,55 millones anuales, y su director general Jaume Masana, 860.000 euros, en tanto que el director general de Unnim, Jordi Mestre, cobra 960.000 euros. En Novagalicia, el presidente Jose María Castellano, y el consejero delegado, Cesar González-Bueno, reconocieron un salario de 890.000 euros anuales.

Estas limitaciones están contenidas en el Real Decreto Ley de Saneamiento del Sector Financiero, que este viernes aprobó el consejo de ministros y que, entre otros puntos, endurece las exigencias de provisiones de la banca, con objeto de contar con entidades más saneadas y eficientes, y promover una nueva ronda de concentraciones.

La nueva normativa aborda uno de los aspectos que ha generado en los últimos meses más malestar social, como son los altos salarios que perciben los directivos de los bancos y cajas que han percibido ayudas publicas. Además, los consejeros no ejecutivos no podrán cobrar más de 50.000 euros, mientras que la alta dirección no sobrepasará los 300.000 euros.