El alcalde de San Vicente de la Barquera, Julián Vélez (PP), ha asegurado que la causa contra él y los otros tres exediles, que este jueves ha quedado vista para sentencia tras cuatro días de juicio, es una "consecuencia política" de la moción de censura contra su predecesor, José Miguel Pardo (PSOE).

"La moción de censura trajo la tranquilidad a San Vicente pero yo sigo pagando las consecuencias políticas a día de hoy", ha afirmado Vélez en su intervención final, que ha sido el único de los imputados que ha hecho uso del turno de palabra que se les ha ofrecido por parte de la Sala antes de dar por concluido el juicio. Los exconcejales Serafín Bada, Saturnino Chaves y Luis Martín lo han declinado.

En la intervención de Vélez —con la que se ha concluido el juicio contra los cuatro por conceder en 2006 una licencia de construcción de 18 viviendas en La Argolla, dentro del Parque Natural de Oyambre, sin solicitar un informe a la Consejería de Ganadería—, se ha subrayado también el "especial celo" con el que actuó la Fiscalía en esa ocasión.

Ha señalado que la "permanente presencia" en el municipio de la Policía Judicial a petición de la Fiscalía para recabar información, llevó a crear en San Vicente de la Barquera "alarma social" entre los vecinos.

Por otra parte, ha denunciado la filtración de noticias a la prensa sobre esta causa cada vez que se acercaban diferentes procesos electorales.

También ha aclarado que su referencia a la "pantomima política con fines exclusivamente políticos", como calificó la causa el pasado lunes, primer día del juicio, aludió únicamente al modo en el que se ha llevado a cabo el proceso pero no a la actuación de la Sala de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

"interés ajeno" a la protección de oyambre

En su intervención final, la defensa, que ha pedido la libre absolución de los imputados, ha subrayado la "animosidad" del exalcalde socialista José Miguel Pardo contra Vélez, después de que éste liderara la moción de censura que lo apartó de la Alcaldía y que convirtió al 'popular' en regidor.

De hecho, ha hecho constar que la denuncia contra Vélez y los otros tres exconcejales interpuesta por Pardo se presentó unos días antes de las elecciones locales de 2007.

Además, ha resaltado que fue Pardo quien, siendo aún regidor, dio el visto bueno a la ficha urbanística sobre esta parcela solicitada por la constructora Prado Pernaza como paso previo a su construcción, en la que —ha subrayado— se indicaba que el suelo tenía la calificación de urbano, algo que, posteriormente, puso en duda el socialista.

"Que quien luego puso la denuncia, antes la autoriza... ¿a qué estamos aquí? A un interés ajeno a la causa", ha censurado la defensa de los imputados, para los que el Ministerio Fiscal pide para cada uno por un delito contra la ordenación del territorio la pena de dos años y seis meses de prisión y once años de inhabilitación para ejercer cargo público como miembros de la Corporación Local.

Además, cada acusado se enfrenta a otros nueve años de inhabilitación para ejercer este cargo por un delito de prevaricación urbanística por su papel en la concesión de esta licencia.

El "celo" de la fiscalía contra san vicente

En opinión de la defensa, en los "cinco años de penuria" que ha durado la causa se ha puesto en relieve "un interés político totalmente apartado del interés de proteger el valor ambiental" de la parcela donde se ubican las viviendas, del que, a su juicio, adolece.

En su alegato final, ha criticado la forma en la que la Fiscalía ha llevado la causa y, por otra parte, ha comparado el "celo" que ha mostrado con la concesión de esta licencia frente a otras del mismo tipo (en suelo urbano y dentro del Parque Natural de Oyambre) que se concedieron en Val de San Vicente, Valdáliga y Comillas.

"La actuación del Ministerio Fiscal ha sido cuanto menos peculiar", ha señalado la defensa, quien ha subrayado que en las licencias de estos otros ayuntamientos "no desplegó ningún celo" y "sólo investigó" y pidió la nulidad de la concedida por el de San Vicente de la Barquera.

Aunque ha mantenido que no era necesario pedir el informe de Ganadería para otorgar la licencia a Prado Pernaza, ha asegurado que, si lo fuera, el Consistorio habría recaído en un "error" de carácter administrativo sin que signifique que haya "nada más que eso".

La defensa ha apoyado este argumento en la no formación jurídica de los cuatro imputados; en la existencia de informes favorables a la concesión de la licencia del arquitecto municipal y del asesor jurídico; y a la "confusión" de la legislación que existía sobre las actuaciones en el parque de Oyambre, la cual, según ha señalado, hizo que ni los propios técnicos ni del Ayuntamiento o de la Consejería de Ganadería se pusieran de acuerdo entre ellos.

De hecho, ha explicado que, cuando se aprobó la licencia por parte del Ayuntamiento, hacía sólo días que había entrado en vigor la Ley de la Conservación de la Naturaleza de Cantabria (4/2006), que es la que, supuestamente, obliga a solicitar el informe a Ganadería para las licencias dentro de Oyambre, incluso las de suelo urbano.

"Estamos en el albor de la aplicación de esta ley", ha subrayado la defensa, quien ha intentado demostrar el desconocimiento que, entre los imputados —y también de los técnicos— había de este cambio de legislación. Según ha dicho, en parte esto también se debió a la "falta de diligencia del Gobierno regional al no comunicar estas modificaciones a los ayuntamientos.

Incumplimiento de la legislación vigente

El Ministerio Fiscal ha negado este argumento y ha subrayado que al menos Vélez conocía la esta ley ya que era diputado regional cuando se aprobó. Además, ha mantenido que la propia directora general de Montes informó en una reunión al regidor de que era "previsible" que en unos días entrara en vigor la ley y de su afección sobre el Parque de Oyambre.

A juicio de la fiscal, que ha mantenido su petición de pena para los imputados, al concederse la licencia sin el informe de Ganadería se "privó" al Gobierno regional de la posibilidad de ejercer sus competencias ambientales en este parque natural.

Aunque ha reconocido que en España los usos del suelo vienen determinados por su calificación urbanística, ha advertido que "la regla quiebra" dentro de un parque natural por lo que mantiene que se incumplió la legalidad vigente. "Cuando estamos en un parque natural nada de esto tiene vigencia", ha afirmado la fiscal, quien ha subrayado que en esos casos lo que regula los usos del suelo es el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN).

Por otra parte, la fiscal ha reclamado la nulidad de la licencia de obra y la "demolición de lo indebidamente construido", algo que —ha dicho— es una "consecuencia indisoluble a la nulidad". Pese a ello, ha reconocido la posibilidad de hacer la edificación "legalizable" una vez solicitada y concedida una nueva licencia.

Respecto a esta cuestión, ni la acusación particular, ejercida por la constructora, ni la defensa se han mostrado de acuerdo con la nulidad.

A su juicio de la acusación particular, se trataría de algo "absurdo" y que iría "contra el interés general". En su razonamiento, el abogado que representa a la constructora y también la defensa han subrayado la posibilidad de legalizar la edificación dado que, como han destacado, el PORN aprobado en diciembre de 2010 y el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de San Vicente de la Barquera —este último sólo aprobado inicialmente— no modifican la calificación del suelo y lo siguen considerando urbano.

Para ello, se han apoyado en la versión aportada este miércoles por los técnicos de la Consejería de Ganadería, que opinaron que si esa licencia se hubiera pedido ahora, el informe del Gobierno de Cantabria, sería favorable al no entrar en conflicto con lo establecido por el PORN.