La consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, ha augurado que, "en unos meses, probablemente, no vamos a conocer a este país", como consecuencia de las medidas que está aplicando el Gobierno central en el terreno social y que, en su opinión, son "una vuelta a 30 años atrás en todo lo que tiene que ver con las libertades individuales de las mujeres".

A preguntas de los medios de comunicación este jueves en Sevilla sobre las medidas anunciadas ayer por la ministra de Sanidad y Servicios Sociales, Ana Mato, la consejera ha lamentado que el Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy "esté volviendo atrás en tantas cosas" y, sobre todo, en las relacionadas "con los derechos de las personas".

"Están volviendo 30 años atrás a una Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que también el PP la recurrió en aquel momento ante el Tribunal Constitucional y hoy les parece buena y están volviendo a poner bajo sospecha cualquier paso hacia adelante en las libertades individuales de las mujeres", ha insistido.

Sobre la propuesta del PP de volver a pedir receta médica antes de dispensar la píldora del día después, Navarro ha recordado que, hasta la fecha, se da "con todas las garantías y precauciones" y que "siempre se han insistido en que no es un método anticonceptivo, sino un método excepcional" al que acudían, según ha reconocido, "las más jóvenes porque son las que más lo necesitan en ese momento". "Pero cuando se tomó la decisión de que se dispensara sin receta era precisamente para no obstaculizar aquellos casos en los que fuera estrictamente necesario", reitera en su defensa.

Aún así, la consejera ha valorado que Mato se haya comprometido a elaborar un informe médico-científico sobre la situación regulatoria de la píldora en el resto de Europa antes de decidir si se continúa financiando o no, pero le ha exigido que este estudio "realmente se haga".

Preguntada al respecto de las medidas anunciadas por la ministra para unificar la asistencia a las personas dependientes a nivel nacional —creando un único catálogo de servicios, unificando el baremo de valoración y estableciendo los mismos criterios para determinar la capacidad económica de los usuarios—, Navarro ha demandado que todas estas cuestiones se aborden con las comunidades autónomas tanto en el Consejo Territorial como en la Conferencia Sectorial de Dependencia. Ambas reuniones, según transmitió Mato a Navarro y a la consejera de Salud, María Jesús Montero, en el encuentro que mantuvieron la semana pasada en Madrid, serían convocadas después de su primera comparecencia parlamentaria en el Congreso, que tuvo lugar ayer.

Así pues, y a la espera de ambas reuniones, la consejera andaluza exige no obstante a la ministra que tenga en cuenta una reivindicación casi histórica de Andalucía desde que en 2007 se puso en marcha la Ley de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia: "que las comunidades reciban (financiación) en función de los servicios que se prestan a las personas dependientes". Además, ha pedido a Mato que "las reformas" que ha planteado "no se conviertan finalmente en recortes".