La Junta de Personal y el Comité de Empresa del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), de los cuales forman parte los sindicatos CCOO, CSIF, UGT y STEI-i, estudia impugnar los presupuestos del Consell Insular por el "brutal recorte" en el capítulo de personal de este Instituto en un 10,23 por ciento, lo que, según ha advertido, puede afectar a la calidad y eficiencia del servicio que se presta a los colectivos más desfavorecidos, como personas mayores, menores en situación de desprotección, discapacitados y personas en situación de exclusión social.

En un comunicado, el Comité de Empresa del IMAS ha recordado que junto a la Junta de Personal presentó en tiempo y forma reclamaciones al presupuesto del Instituto solicitando que se modificaran de forma que se mantuvieran los gastos de personal sin ningún recorte, "imprescindibles para cubrir los servicios de atención directa a residencias de gente mayor y menores".

De otra forma, ha indicado que es "imposible" hacer las sustituciones necesarias de personal, "hecho que se está produciendo ya". Sin embargo, el Comité de Empresa ha censurado que el Consell "no ha contestado a estas reclamaciones", razón por la cual ha anunciado que convocará asambleas con el personal para proponer actos de protesta "en defensa de los derechos del personal y para mantener unas condiciones de trabajo dignas, con el fin de dar un servicio de calidad a los usuarios".

El Comité de Empresa ha calificado de "irresponsable" el recorte en el presupuesto de personal que está produciendo un "grave maltrato" a los trabajadores, sobre todo, teniendo en cuenta que en el Govern la disminución de gastos en personal es de un 6,96 por ciento y en la institución insular de un 6,05 por ciento.

"Este brutal recorte del 10,23 por ciento en el IMAS ha empezado a perjudicar el personal que lleva a cabo estos servicios, en quienes recae la carencia de personal, ya que la consecuencia es que no se sustituye el personal que, por la profesionalidad que ya ha demostrado, sufre la sobrecarga de trabajo consiguiente por mantener la calidad actual de los servicios", ha reprobado, al tiempo que ha advertido de que las consecuencias en las residencias de gente mayor y de menores son "especialmente graves".