Tal y como estaba previsto, la comisión de investigación de GFB ha suspendido las comparecencias de Max Fischel y Mario Esquivel, expresidente del Consejo de Administración y exdirector de GFB, respectivamente, fijadas para los días 2 y 8 de febrero, ya que no se les ha conseguido localizar. Además, ha incorporado a su plan de trabajo la comparecencia de Sebastián Tena Puyol, miembro del Consejo de Administración de GFB, que se ha fijado para el 15 de febrero.

De esta forma, la Comisión de Investigación de GFB retoma su actividad después de dos meses de parón por la tramitación del proyecto de ley de presupuestos en diciembre y la suspensión del periodo de sesiones en enero.

Según ha informado a Europa Press el presidente de la comisión y portavoz del PP, Eduardo Van den Eynde, la comparecencia de Max Fischel se presenta "muy difícil" ya que no es de nacionalidad española, con lo que no está obligado a comparecer, y además no tiene su residencia en España, por lo que va a ser "muy difícil" localizarle.

Más fácil será localizar a Mario Esquivel, miembro del Consejo de Administración de GFB, quien sí tiene su residencia en España, concretamente en Madrid. Van den Eynde cree que la notificación de la solicitud de comparecencia por parte de los Servicios Jurídicos se producirá "pronto" y que Esquivel comparecerá "en cuanto se le localice".

Las comparecencias comenzarán el próximo martes, 7 de febrero, con la presencia en la comisión de Leandro Sainz de la Riva, miembro del Consejo de Administración de GFB, al que seguirá el expresidente del Gobierno José Joaquín Martínez Sieso, el jueves 9 de febrero, ambos a las 10 horas.

Junta de acreedores

Para ese mismo jueves 9 de febrero, el Juzgado de lo Mercantil ha vuelto a convocar la Junta de Acreedores de GFB, después de que el pasado 29 de noviembre no pudiera constituirse por falta de quórum. En esta reunión, los acreedores tendrán que votar la propuesta de convenio presentada por la empresa a la administración concursal.

Tras la comparecencia de Martínez Sieso, será el turno del exconsejero de Industria Pedro Nalda y el consejero delegado de Sodercan, Miguel Cabetas el martes 14 a las 10 y 11.30 horas, respectivamente, para continuar con el exconsejero de Economía, Juan José Fernández y Sebastián Tena Puyol, el miércoles 15; y Francisco Royano, exdirector de Sodercan y exmiembro del Consejo de Administración de GFB el jueves 16.

A continuación el martes 21 está prevista la comparecencia del Interventor General de la Comunidad Autónoma, Gabriel Pérez Penido; el día 22 Manuel de la Fuente Porres, administrador concursal; el día 23 el diputado del PP Carlos Bedia, exmiembro del Consejo de Administración de Sodercan; y el martes 28 Miguel Angel López, técnico encargado de la gestión del proyecto de GFB.

A petición de los grupos de la oposición, comparecerán los consejeros de Economía, Hacienda y Empleo, Cristina Mazas, el miércoles 29; de Industria, Eduardo Arasti, el jueves 1 de marzo; y de Obras Públicas, Francisco Rodríguez Argüeso, el martes 6 de marzo; para finalizar con la comparecencia del presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego, el 7 de marzo.

Primeras comparecencias

Los grupos han considerado "lógico y razonable" que igual que abrió las comparecencias el presidente anterior, Miguel Angel Revilla, las cierre el presidente actual para informar de la situación del proyecto.

Junto al expresidente y secretario general del PRC, en la primera fase de los trabajos de la comisión de investigación, que comenzó antes de las elecciones generales de noviembre, comparecieron la exvicepresidenta y secretaria general del PSOE, Dolores Gostoagia, sus tres exconsejeros de Industria, Javier del Olmo, Miguel Angel Pesquera y Juan José Sota; el exconsejero de Economía y Hacienda, Angel Agudo; y los exconsejeros delegados de Sodercan José Villaescusa y Salvador Blanco.

La Comisión de Investigación sobre la fábrica de fibroyeso de la empresa GFB en Orejo (Marina de Cudeyo), ha sido constituida a instancias del PP, tras el cambio de gobierno en Cantabria, para esclarecer los motivos por los que la planta no llegó a empezar su actividad pese a la inversión pública realizada.