Los ayuntamientos de Valdáliga, Val de San Vicente y Comillas actuaron de forma similar al de San Vicente de la Barquera y también concedieron varias licencias de construcción dentro del Parque Natural de Oyambre sin autorización de la Consejería de Ganadería al considerar que, en aquellas actuaciones sobre suelo urbano, no era necesario.

Así lo han reconocido este martes los alcaldes, secretarios y arquitectos municipales de estos consistorios afectados por el Parque Natural de Oyambre en el juicio contra el regidor de San Vicente de la Barquera, Julián Vélez y tres exediles, por conceder en 2006 una licencia de construcción de 18 viviendas en La Argolla sin el informe de la Consejería de Ganadería.

Durante la segunda vista de este juicio, que se celebra desde este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, estos ayuntamientos han respaldado la forma de actuar del Consistorio de San Vicente de la Barquera y todos han afirmado que, en el caso de aquellas licencias de construcción que afectaban a suelo urbano, no creían necesario pedir autorización a la Consejería, pese a estar incluidos en el Parque de Oyambre y sólo la solicitaban para las de los suelos rústicos.

De hecho, la alcaldesa de Comillas, Teresa Noceda (PRC), la secretaria municipal y el arquitecto en dicho consistorio han explicado a la Sala que llegaron a recibir un escrito de la propia Consejería de Ganadería, informándoles de que, para este tipo de suelos urbanos, no hacía falta pedir la autorización al Gobierno de Cantabria.

Posteriormente, han señalado que no se les notificó por parte de este departamento de Gobierno regional que este criterio se modificaba tras la entrada en vigor de la Ley de Conservación de la Naturaleza de Cantabria (4/2006).

Las declaraciones de los representantes de estos tres ayuntamientos han avalado de esta forma la declaración que, previamente, ha realizado la que, cuando se concedió la licencia de construcción de las 18 viviendas de La Argolla, era secretaria municipal del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera.

"ninguna duda" para conceder la licencia

Durante su declaración, que se ha prolongado durante casi dos horas, la funcionaria ha señalado que las licencias de construcción sobre suelo urbano era "indiscutibles" y "no había debate" porque, a su juicio, era una "obviedad" que, al contrario que en el rústico, "no era perceptivo" obtener la autorización de Ganadería.

"El principio general es que el suelo es apto para urbanizar", ha mantenido la secretaria municipal que entiende que, a pesar de que el Parque de Oyambre tenía una especial protección, esto no afectaba al suelo urbano dentro de este espacio.

Según ha reconocido, el caso de las viviendas de La Argolla "no le suscitó ninguna duda" puesto que para estos casos "había un régimen jurídico seguro", a diferencia de para los rústicos, y "siempre se había hecho así".

A la vista de esto, consideró que el expediente estaba completo tras contar con informe favorable del arquitecto municipal y del asesor jurídico del Ayuntamiento.

Así, lo presentó, primero ante la Junta de Gobierno y luego ante el Pleno, sin advertir ni informar a Vélez, a los tres exediles imputados, ni al resto de miembros de la Corporación que podría hacer falta el informe de la Consejería de Ganadería por lo que —ha afirmado— "la licencia se dio tranquilamente".

Además, a preguntas de la Fiscalía, ha señalado que ningún miembro de la Corporación se dirigió formalmente a ella para solicitar un nuevo informe, impugnar o recurrir la licencia otorgada a pesar de que algunos concejales, como recoge el acta del Pleno en que se aprobó, sí aludieron a esta posibilidad durante la sesión plenaria, algo que —considera— forma parte del debate "político" pero no supone una petición formal.

Al igual que este lunes defendió Vélez (PP) y los tres exconcejales, Serafín Bada, Saturnino Ángel Chaves y Luiz Martín, la secretaria municipal también ha reconocido que, en este tipo de licencias o trámites urbanísticos, la "mayor parte" de los responsables políticos en los consistorios "siguen los informes de los técnicos" a la hora de votar a favor o en contra.

Por otra parte, la secretaria ha negado "presiones" del equipo de Gobierno para no solicitar los informes a Ganadería y ha explicado que Vélez mantuvo el mismo "modus operandi" en el modo de realizar este tipo de tramitaciones que su predecesor, José Emilio Pardo Pardo (PSOE).

Una "locura" de ganadería

También, en su intervención, la entonces secretaria municipal de San Vicente ha cuestionado la manera en la que la Consejería de Ganadería, entonces dirigida por Jesús Oria (PRC), actuó contra esta licencia al remitir un expediente sancionador.

Según ha explicado, las comunidades autónomas tienen, en sus requerimientos hacia los ayuntamientos, otros mecanismos de actuación "más sencillos" y "sin causar tanto daño".

"Lo otro es una locura. Desayunarte con un expediente sancionador es inaudito entre administraciones", ha afirmado esta funcionaria, quien ha señalado que la Consejería podría haber solicitado información al Ayuntamiento sobre esta licencia o haberla impugnado por vía contenciosa.

De hecho, en la vista de este martes los alcaldes de los ayuntamientos que también concedieron licencias sin autorización de Ganadería dentro del Parque Natural de Oyambre han reconocido no haber recibido ningún expediente sancionador o anulación de licencia por tramitaciones similares a la de San Vicente.

El juicio, que comenzó este lunes con la declaración de Vélez —que aseguró que la causa era una "pantomima con fines exclusivamente políticos—, proseguirá este miércoles, a partir de las 10.00 horas, en los juzgados de Las Salesas con la declaración de los peritos y de algún testigo más.

El Ministerio Fiscal pide para cada acusado por un delito contra la ordenación del territorio la pena de dos años y seis meses de prisión y once años de inhabilitación para ejercer cargo público como miembros de la Corporación Local —sólo Vélez forma parte actualmente de ella—.

A estas penas, cada acusado se enfrenta a otros nueve años de inhabilitación para ejercer cargo públicos como miembros de la Corporación Local por un delito de prevaricación urbanística por su papel en la concesión de la licencia a una urbanización en La Argolla.

La empresa Prado y Pernaza, que se ha personado como acusación particular, solicitó licencia de obra para construir estas 18 viviendas, garajes y trasteros en la carretera de La Argolla, un trámite que le fue concedido en octubre de 2006 por los cuatro acusados.

Según sostiene el Ministerio Fiscal en su escrito de calificaciones, los acusados permitieron ese trámite sin recabar el necesario informe del Gobierno de Cantabria y lo hicieron porque "eran conscientes" de que el informe no sería favorable a la construcción.

La petición del Ministerio Público también incluye la anulación del acuerdo y la consiguiente demolición de lo ilegalmente construido, a cargo de los acusados, con la reposición del suelo a su estado anterior, y con la responsabilidad civil subsidiaria —en caso de que estos no respondan— del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera.

Frente a esto, la defensa del Ayuntamiento de San Vicente considera que la acusación, ejercida por un particular, hace una "lectura parcial e interesada" de la legislación, ya que el suelo en que se edificaron las viviendas estaba calificado como urbano.

El Ayuntamiento sostiene que el suelo no estaba afectado por la protección establecida en la Ley que declaró Oyambre como Parque Natural, y como luego recogieron las Normas Subsidiarias del municipio de 1983 y su posterior revisión de 1993 (en concreto, Suelo Urbano Residencial).