Por ello, Martínez Moya ha apostado por la introducción de un copago en la Administración de Justicia, pero "no universal, sino racional, según sujetos y materias concretas", considerando oportuno que "se lleve en la segunda instancia, en las fases de recursos, pero también es bueno que se considere en el acceso a la primera instancia".

En una entrevista concedida a Europa Press, Martínez Moya ha explicado sobre este asunto que hay que diferenciar quién hace uso de un servicio público, como es la justicia, ya que si se utiliza "para resolver intereses privados, es bueno, conveniente y racional que se considere que la justicia quede compensada económicamente por el servicio que está prestando".

Martínez Moya se ha pronunciado así sobre el anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de la introducción de tasas judiciales a partir de la segunda instancia, como medida para reducir la litigiosidad, evitar "abusos" y mejorar el uso de los recursos disponibles, aunque ha optado por la prudencia a la hora de valorarlo y esperar a conocer "cómo se va a plasmar ese copago de la justicia". Al respecto, el presidente del TSJ de Murcia ha llamado la atención sobre el hecho de que la justicia genere tres clases de costes.

En concreto, genera unos costes directos e indirectos, aunque ha subrayado que lo que "más preocupa" son los costes "ocultos", derivados de un "deficiente" funcionamiento de la justicia.

Y es que, ha advertido, "si la justicia es lenta genera una percepción por parte de la ciudadanía de lentitud o ineficacia". Esos costes, por ejemplo, derivan en que una empresa "no quiera llevar a cabo una instalación de su actividad económica, porque sabe y conoce y tiene prospecciones de que la justicia en España es lenta".

También provoca un "deficiente" funcionamiento de la Administración de Justicia. Es por ello por lo que ha considerado que "es bueno que el ciudadano sepa que la justicia genera unos costes sociales y por eso hay que racionalizar el sistema".

Introducir parámetros económicos

Unos costes que en el caso de una multa de tráfico, el litigio oscila entre los 1.700 y 2.000 euros, aunque hay reclamaciones que conllevan un montante superior; de manera que ha insistido en la necesidad de introducir "parámetros económicos" en el funcionamiento de la Administración de Justicia.

No obstante, ha dejado claro que lo importante es distinguir, dado que "no se puede utilizar la misma óptica o los mismos principios en la justicia penal que civil", aunque ha remarcado que la introducción de la economía dentro del funcionamiento de la Administración de Justicia "podría hacer de la justicia un servicio público rentable socialmente y confiable, que es lo que el ciudadano busca en la justicia".

Partidario de introducir el copago, Martínez Moya ha explicado que el derecho al acceso a los tribunales no se puede limitar, puesto que es éste un derecho "fundamental", pero incide en la importancia de que la sociedad conozca que la justicia "genera costes, que son los que nos tienen que llamar a la reflexión de cómo podemos hacer una mejor justicia".

Una mejor justicia que introduzca ese copago del que es partidario pero que esté condicionado "a una serie de exigencias, que no sea universal para todos los ciudadanos".

Como ya explicó en la apertura del Año Judicial, "no es lo mismo que un trabajador demande contra su empresa por un despido o que un beneficiario de la Seguridad Social reclame una pensión a la Seguridad Social", al ser considerados éstos litigios que "no deben acarrear ningún tipo de coste", a diferencia de un conflicto entre dos entidades financieras, donde "actualmente existen las tasas y se muestran completamente insuficientes".

Cuestión ésta que, según ha desvelado, se ha analizado en los encuentros entre presidentes de tribunales de justicia de otras CCAA, donde también se ha sacado a debate la "garantía de independencia del poder judicial, la necesidad de abordar reformas desde el punto de vista orgánico, así como hacer una reforma de la Ley de planta y demarcación".

Una cuestión necesaria, a su juicio, dado que "se está en el siglo XXI con esquemas territoriales de la justicia del partido judicial del siglo XIX".

Las preocupaciones se extienden también al ámbito de lo tecnológico, manifestando su intención de una justicia "tecnológicamente avanzada"; así como a los costes de la justicia para que sea rentable y eficiente; y la existencia de "mejores" leyes procesales que "permitan más agilidad en la respuesta".

En esta línea, Martínez Moya no cree que la sociedad haya dejado de confiar en la justicia, aunque reconoce que "muestra un desencanto por el funcionamiento" de la misma. Sin embargo, los datos hablan por sí solos cuando reflejan el "importante" volumen de litigiosidad existente.