El comité de empresa de la sociedad gestora del mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla, ha señalado este lunes que el penúltimo auto de la juez Mecedes Alaya, que promueve tres líneas de investigación sobre la anterior etapa de esta empresa participada mayoritariamente por el Consistorio, ha puesto de relieve que la Junta de Andalucía estaba "comprometida" con la financiación del expediente de regulación de empleo (ERE) acordado en 2007 por la lonja. Este ERE, como es sabido, suma un coste de 9.046.976,95 euros y es la principal losa económica de Mercasevilla, al haberse desligado la Consejería de Empleo de su financiación.

El presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez (CCOO), ha señalado a Europa Press que el reciente auto emitido por la juez Mercedes Alaya en cuanto al papel del ex delegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas incide, nuevamente, en el conflicto que rodea la financiación del ERE de 2007, saldado con la prejubilación de 40 trabajadores cuyas rentas quedaron paralizadas a cuenta de la posición de la citada Consejería.

Rivas y los ere

Y es que, en su último auto, la juez Mercedes Alaya señala al exdelegado provincial de la Consejería de Empleo, ya imputado en dos de las tres líneas de investigación, pues a su juicio él "era conocedor" de que la financiación del plan de prejubilaciones de los expedientes de regulación de empleo impulsados en 2003 y 2007 por Mercasevilla "sería asumida en su mayor parte" por la Junta de Andalucía, que de hecho sí ha financiado las prejubilaciones del ERE de 2003. "Eso es lo que venimos diciendo desde el principio. Se sabía perfectamente", ha enfatizado Rafael Domínguez.

El expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue aprovechado por aproximadamente 40 empleados para acceder a la prejubilación. No obstante, sus prestaciones han quedado en el aire al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento incluido en las diligencias incoadas por el juzgado de Instrucción número seis de Sevilla a cuenta de una posible trama de prejubilaciones fraudulentas, descubierta en numerosos ERE promovidos por empresas andaluzas con cargo a fondos autonómicos.

Los documentos de guerrero

Aunque Francisco Javier Guerrero había firmado entre 2007 y 2008 varios documentos mostrando la "conformidad" de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de varios trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007, el vigente director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, advierte en un documento oficial de que estos actos firmados por Guerrero, fueron "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio".