El Pleno del Ayuntamiento de Lorca pondrá sobre la mesa este lunes una moción, que cuenta con el respaldo de PP, PSOE e IU, en la que se solicita modificar el Real Decreto-Ley 6/2011, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos.

Así lo ha anunciado el alcalde, Francisco Jódar, quien ha indicado que el proceso de gestión de las ayudas y medidas paliativas y reparadoras que regula el Real Decreto-Ley "ha puesto de manifiesto la necesidad de modificar y complementar la regulación dada a algunas de ellas y la de atender necesidades que se han manifestado con posterioridad".

Y es que, ha indicado, "ante los problemas que plantea la regulación contenida en el Real Decreto Ley en la tramitación de los expedientes de solicitud de ayudas, impidiendo o dificultando el acceso a las mismas a los damnificados por los seísmos, se considera necesario proponer al Gobierno de la Nación la revisión del marco normativo establecido".

Se pretende, por un lado, "complementar las ayudas previstas en mayo de 2011 para atender la cobertura de los daños y las necesidades no manifestadas inicialmente; y, por otro lado, revisar la regulación de algunas de ellas para dotarlas de una mayor eficacia", según fuentes municipales.

Es por ello que desde el Consistorio Municipal se va a proponer al Consejo de Ministros que tome en consideración y acuerde modificar el artículo 3.l.c.3, en el sentido de "suprimir el requisito de contrato de arrendamiento sometido a prórroga forzosa, puesto que la inmensa mayoría de contratos de alquiler vigentes sobre viviendas dañadas por los seísmos no reúnen esta condición, impidiendo así que un elevado número de viviendas dañadas, que constituían el domicilio habitual de residentes en Lorca puedan ser reparadas, rehabilitadas o reconstruidas".

Asimismo, propondrá "extender el régimen de ayudas por daños en viviendas y contemplar un régimen específico para las ayudas económicas destinadas a la rehabilitación o reparación de viviendas en edificios catalogados".

Por último, se reclamará la aprobación de las solicitudes de ayuda a los usufructuarios de viviendas siniestradas "sin exigirles que el usufructo conste en escritura pública, admitiendo como prueba de la existencia de este derecho real otros medios admisibles en Derecho", además de mantener la línea de Ayuda a los damnificados en relación a las demoliciones que se dictaminen.