Todos los exconsejeros en CajaSur del PSOE y de IU, "más algunos del PP y también de los impositores", es decir, todos aquellos que querían la fusión de la extinta caja cordobesa con Unicaja, van a recurrir en los tribunales, "por la vía contencioso-administrativa", la sanción que les impuso el Banco de España y que ha ratificado el Ministerio de Economía.

Así lo ha anunciado, en declaraciones a Europa Press el que fuera vicepresidente primero de la desaparecida caja y actual portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Salvador Blanco, quien ha recordado que estos exconsejeros de CajaSur son los que "no estuvimos a favor de solicitar voluntariamente la intervención de CajaSur" por el Banco de España, como sí hicieron todos los exconsejeros del Cabildo (Iglesia) y de Aspromonte (trabajadores) y algunos del PP y de los impositores.

Por el contrario, los exconsejeros que ahora recurren la sanción entendieron entonces "que, mediante la fusión con Unicaja, podíamos evitar esa intervención", que fue la llevó a la posterior subasta y adjudicación de la caja a BBK, que constituyó el actual BBK Bank CajaSur.

Por eso, lo que no entiende Blanco es por qué el Ministerio de Economía, ahora con Luis de Guindos como titular, ha confirmado la sanción del Banco de España, rechazando el recurso de reposición que los exconsejeros habían interpuesto tras la resolución sancionadora que ya adoptó la anterior ministra de Economía, Elena Salgado.

Para Blanco, el Ministerio de Economía, ya con De Guindos al frente, "podía haber estudiado más el recurso de reposición, porque incluía documentación suficiente y muy clara sobre el papel que jugamos cada uno" de los exconsejeros, ya que unos sí que acataron la directriz del Banco de España sobre la fusión con Unicaja y, sin embargo, fueron sancionados igual los que votaron por la intervención.

En consecuencia, los exconsejeros del PSOE, de IU y también algunos del PP y de los impositores consideran que tienen "argumentos sólidos para recurrir al contencioso-administrativo", ámbito judicial en el que "nuestros letrados solicitarán la práctica de múltiples pruebas periciales, para demostrar lo que venimos diciendo, con la esperanza de que alguien neutral, en este caso un juez, tenga en cuenta la cantidad de alegaciones que hemos venido presentando".

Blanco ha dicho desear que el pleito "se resuelva en la vía del contencioso-administrativa por un juez, que a buen seguro estudiará lo que aporte cada parte, teniendo así elementos de juicio suficientes para ver el grado de responsabilidad real, y no de parte, que se ha podido tener".

Las sanciones

Esta será la reacción ante el hecho de que el Ministerio de Economía ha ratificado las sanciones que el Banco de España incluyó en el expediente que abrió a CajaSur y a 40 exmiembros de su consejo de administración y exdirectores de la entidad, tras intervenirla en mayo de 2010, con sanciones para 38 de ellos que suman 2,5 millones de euros, siendo los expresidentes de la caja Santiago Gómez Sierra (obispo auxiliar de Sevilla) y Juan Moreno, los únicos a los que inhabilita.

Solo dos de los cinco exdirectores generales, José Arcenegui y Carlos Senent, han visto sobreseídos todas las causas que se les abrió con el expediente y no han sido sancionados. En el otro extremo están los citados expresidentes de CajaSur, siendo a Gómez Sierra al que se impone la mayor sanción de todas, 180.000 euros, además de inhabilitarlo por dos años para ejercer cualquier cargo directivo en una entidad financiera, mientras que a Juan Moreno se le sanciona con 50.000 euros y se le impone un año de inhabilitación.

De hecho, el resto de 'patronos' de CajaSur, es decir, otros miembros del Cabildo Catedral de Córdoba presentes en los dos últimos consejos de administración de la desaparecida caja, que son a los que afecta el expediente, también han sido sancionados con dureza, en comparación con el resto. De este modo, el que fuera vicepresidente segundo de la entidad, Fernando Cruz Conde, ha sido sancionado con 142.000 euros, mientras que otro canónigo, Alfredo Montes, debe hacer frente a una multa de 137.000 euros. En ambos casos, el Banco de España, y ahora el Ministerio, no archiva ninguna de las causas abiertas contra ellos.

Así, mientras que para la entidad en sí, que desde el 1 de enero de 2011 está en manos del Grupo BBK y se ha constituido en un banco (BBK Bank CajaSur), solo ha previsto su amonestación pública, vía Boletín Oficial del Estado (BOE), para la mayoría de los citados 'patronos' de la entidad, el órgano supervisor y luego el Ministerio han decidido no archivar ninguna de las causas que se les abrió, siendo este el caso de Joaquín Alberto Nieva (92.000 euros de sanción), Francisco Jesús Orozco (98.000 euros) y del presidente del Cabildo, Manuel Pérez Moya (107.000 euros). Solo Juan Arias y el actual obispo de Bilbao, Mario Iceta, tienen sanciones menores, de 48.000 y 30.000 euros, respectivamente, y se benefician del archivo de tres de las cuatro causas que se les abrieron a cada uno.

También se enfrentan a las sanciones de mayor cuantía y sin que se haya archivado ninguna de las causas que se les abrieron una parte los representantes de los impositores: Carmen Domínguez (107.000 euros), Amalia Fernández (131.000 euros) y Julio Tomás Diaz (135.000 euros), mientras que, de entre los representantes de los trabajadores, del sindicato Aspromonte, José Leiva no logra el archivo de ninguna de las causas que le afectan y afronta una sanción de 136.000 euros.

Los casos en los que no se ha archivado ninguna causa afectan a miembros del último consejo de administración de CajaSur que se opusieron a la fusión con Unicaja, lo que supuso la intervención de la caja, aunque otros miembros del consejo de administración de CajaSur, en minoría, sí expresaron su deseo de que se cerrase un acuerdo de fusión con la caja malagueña, como había instado el Banco de España.

Sanciones a políticos

Esta postura ya se tuvo en cuenta parcialmente por el Banco de España, que redujo los cargos y, por ende, rebajó las sanciones, que impuso a los que fueran vicepresidente primero y tercero de CajaSur, Salvador Blanco (PSOE) y Juan Ojeda (PP), respectivamente, a los que sanciona con 78.000, al primero, y 74.000 euros, al segundo, siendo sancionados también Andrés Hens (IU) y el secretario general del PSOE en Córdoba y ahora portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Juan Pablo Durán, con 56.000 y 64.000 euros, respectivamente. En todos estos casos el Banco de España archivó dos causas a cada uno.

Finalmente, de entre los 14 políticos que han representado en el consejo de CajaSur a los ayuntamientos, la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía en los dos últimos consejos de CajaSur, también han sido sancionados el presidente provincial del PP en Córdoba y ahora alcalde de la capital cordobesa, José Antonio Nieto (18.000 euros) y el que fuera alcalde de Córdoba por IU, Andrés Ocaña (41.000 euros), habiendo archivado el Banco de España tres causas de las que afectan a cada uno.

El listado de políticos sancionados se completa con el actual presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba, el popular Luis Martín (20.000 euros y tres causas archivadas), el exconcejal de IU en el Consistorio cordobés Francisco Cárdenas (20.000 euros y tres causas archivadas), la socialista María José Lara (26.000 euros y tres causas archivadas), el exalcalde socialista de Lucena, José Luis Bergillos (33.000 euros y dos causas archivadas), la exalcaldesa socialista de Priego de Córdoba, Encarnación Ortiz (23.000 euros y dos causas archivadas) y el exalcalde La Carlota, el socialista Francisco Pulido Aguilar (51.000 euros y tres causas archivadas).