La consellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, Maritina Hernández, ha expresado este jueves su rechazo a la decisión de la comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (PE) que avala la ratificación del acuerdo agrícola alcanzado entre la Unión Europea y Marruecos.

Hernández, en un comunicado, ha criticado la postura adoptada por los miembros de esta comisión "que entra en absoluta contradicción con el informe redactado por el ponente José Bove, en el que expone motivos más que contundentes para rechazar un acuerdo muy perjudicial para nuestros intereses".

A su juicio, "es sorprendente y lamentable que no se cuestionen los argumentos del ponente y que, sin embargo, se introduzca una enmienda que desvirtúa ese informe y cambia el sentido de las conclusiones".

Para la consellera, "es un golpe muy duro para el conjunto del sector", porque se trata de un acuerdo que "atenta de forma directa contra producciones importantes a nivel socioeconómico en la Comunitat Valenciana como son el tomate, los cítricos y otras frutas y hortalizas". "Un sector que está sufriendo ya los constantes incumplimientos que Marruecos está haciendo de manera unilateral del acuerdo vigente en estos momentos", ha añadido.

El informe de Bove hace mención a cuestiones como las condiciones laborales, medioambientales y de ámbito territorial de aplicación que "no pueden ser asumidas por la UE y que son motivos suficientes para no ratificar el acuerdo porque provocan una situación de competencia desleal que deja indefenso a nuestro sector".

Pero, además, ha insistido, en que el informe afirma de manera expresa que "el aumento de las cuotas a tipos reducidos coloca a los productores europeos en una dura competencia difícil de mantener, y desacredita el sistema de precios de entrada y los controles previstos para garantizar su cumplimiento".

En este sentido, ha mostrado la intención del Consell de seguir trabajando para tratar de evitar que el pleno del Parlamento Europeo ratifique el acuerdo en las condiciones que aprobó el Consejo Europeo a finales de 2010, y ha destacado la postura contraria a este acuerdo expresada por los eurodiputados españoles.