Ultimátum europeo. La Comisión Europea ha dado a España dos meses para simplificar su legislación sobre fusiones y escisiones empresariales y adaptarla a la normativa de la UE, ya que de lo contrario denunciará el incumplimiento ante el Tribunal europeo de Justicia.

Además de España, han recibido una petición similar Italia, Chipre, Rumanía y Eslovenia, que tampoco cumplen de momento con las exigencias comunitarias a pesar de que la fecha límite para modificar la legislación nacional se cumplía el pasado 30 de junio.

Las normas comunitarias sobre fusiones y escisiones van dirigidas a simplificar el proceso de información y publicación de los proyectos empresariales a fin de reducir las cargas administrativas. En concreto, reduce las obligaciones de las empresas de revelar información, sobre todo cuando sus accionistas acuerden que no es necesaria y cuando se trate de fusiones y escisiones entre sociedades matrices y sus filiales.

La normativa de la UE reduce asimismo la duplicación de informes en aquellos casos en que otras normas de la UE también exijan la presentación de información; y ofrece a las sociedades la posibilidad de publicar los proyectos y facilitar documentación a los accionistas a través de Internet o por correo electrónico.

La petición de Bruselas a España y los otros cinco países citados está recogida en sendos dictámenes motivados y constituye el segundo paso del procedimiento de infracción comunitario. Los países afectados disponen de dos meses de plazo para adaptar su legislación. Si una vez concluido ese periodo los Gobiernos nacionales no han cumplido con los requerimientos de Bruselas, la Comisión podrá llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.