El comité ejecutivo de la Asociación de Empresarios de Tecnologías de la Información y Comunicación de Andalucía (Eticom) ha mantenido una reunión en la que han decidido, tras la preocupación manifiesta de las empresas asociadas, "analizar cómo está afectando la morosidad de las administraciones públicas —regional, provincial y local— al sector TIC andaluz", ya que, según una primera aproximación, podría situarse por encima de los 30 millones de euros.

En una nota, Eticom ha señalado que "las administraciones públicas son, tradicionalmente, los principales clientes del sector tecnológico, representando entre el 30 y el 50 por ciento de su facturación anual", por lo que esta morosidad está provocando "serios problemas" que ponen "en riesgo" la continuidad del tejido productivo empresarial TIC andaluz.

"Dependemos mucho del sector público como cliente porque el 95 por ciento del tejido empresarial son micropymes sin mucha capacidad financiera y, además, en muchos casos las administraciones están dando sus encargos a multinacionales porque tienen la posibilidad de dar más plazo a la hora de cobrar, entre seis meses y un año", ha subrayado. "Esto convierte esta situación en insostenible", ha apostillado.

Actualmente, aunque la Ley de Morosidad estipula retrasos máximos de 40 días en 2012 en el pago de las facturas, "las empresas están sufriendo demoras superiores incluso al año y muy farragosas de reclamar por vía administrativa", ha criticado. Es, por ello, que desde Eticom se ha decidido elaborar un estudio a nivel andaluz para cuantificar la deuda de los poderes públicos con el sector TIC, que esperan tener finalizado para el primer trimestre de este año.

Cobro de intereses de demora y otros costes

Según la asesoría legal de Ametic, asociación nacional del sector TIC en España, se pueden establecer medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales como es "el cobro de intereses de la deuda, según recoge la normativa -el tipo legal de interés de demora que la administración pública deudora estará obligada a pagar será la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo más 7 puntos-".

Además, explica que el contratista acreedor de la Administración incursa en mora tiene derecho a reclamar a ésta una indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la demora en el pago. La indemnización no podrá superar, en ningún caso, el 15 por ciento de la cuantía de la deuda, excepto en los casos en que la deuda no supere los 30.000 euros en los que el límite de la indemnización estará constituido por el importe de la deuda de que se trate.

Por ello, el comité ejecutivo de Eticom apela a "una pronta actuación" de uno de los asuntos más preocupantes para el tejido empresarial andaluz y que se "cumplan estrictamente los plazos de pago que establece la Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales".

"Claramente los periodos que establece la Ley para el pago se están incumpliendo", añade Eticom, por lo que "estudiaremos qué medidas a adoptar como contempla la ley, como el cobro de intereses de demora e indemnizaciones por todos los costes para los cobros".