Los concejales de IU-CA del Ayuntamiento de Aguadulce (Sevilla) han formulado alegaciones a un proyecto promovido para ampliar una granja de cría y engorde de pavos, dado que según la federación de izquierdas, tal proyecto está ya plenamente consumado a través precisamente de la iniciativa cuya autorización motivó que la alcaldesa, Isabel Ortiz (PSOE), fuese condenada por un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística.

En concreto, el Boletín Oficial de la Provincial (BOP) del pasado 27 de diciembre de 2011 publicó una resolución de Alcaldía relativa a la admisión de trámite del proyecto presentado por José A. Borrego Quesada para una "ampliación de explotación avícola para cría y engorde de pavos en parcelas 86C, 86D y 88 del polígono 1 del término municipal de Aguadulce", según este documento recogido por Europa Press. En sus alegaciones, los concejales de IU-CA avisan de que "las obras e instalaciones que se pretenden legalizar al cobijo del presunto proyecto de actuación, ya están completamente ejecutadas y la explotación avícola para cría y engorde de pavos en pleno funcionamiento", pero "sin licencia de apertura".

Y es que, siempre según estas alegaciones recogidas por Europa Press, "las mencionadas granjas de pavos fueron construidas sin el proyecto de actuación ni los informes sectoriales preceptivos, al amparo de una licencia irregular concedida el 19 de octubre de 2006 por Isabel Encarnación Ortiz", quien como consecuencia de la entrega de esta licencia fue condenada a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público y al pago de una multa de 4.050 euros por un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística. La sentencia, emitida por el Juzgado de lo Penal número cuatro, ha sido ya recurrida.

Expediente de demolición

IU-CA, de cualquier manera, avisa en sus alegaciones de que como consecuencia de este procedimiento judicial, el Ayuntamiento de Aguadulce "inició el expediente de demolición a instancias de la Junta de Andalucía", dado que la propia sentencia resuelva que la alcaldesa otorgó la licencia en cuestión "de modo flagrante y patentemente arbitrario, con un olvido completo de la función pública urbanística y bajo un concepto mercantilista y pretendidamente social de la misma, en el mejor de los casos, que está por completo proscrito del ordenamiento urbanístico".

Por eso, IU-CA reclama que sea declarada "nula" la resolución de Alcaldía que admite a trámite el mencionado procedimiento, pidiendo además que la documentación sea trasladada a las consejerías de Gobernación, Obras Públicas, Agricultura y Medio Ambiente "para que intervengan en función de sus respectivas competencias".