El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha acusado a la Junta de Andalucía de "ocultar" a la juez Mercedes Alaya, encargada del caso de los Expedientes de Regulación de Empleo, documentación sobre "el presunto pago de comisiones ilegales y escandalosas" por parte de la Administración andaluza a distintos intermediarios en la tramitación del conjunto de las pólizas de los ERE, unas comisiones que, según ha apuntado, podrían oscilar entre los 150 y los 200 millones de euros.

En rueda de prensa, Sanz ha explicado que estas comisiones, que gestionaban las empresas intermediarias Uniter y Vitalia, se incorporaban "a cada una de las pólizas", llegando a ser el porcentaje de dichas comisiones de una media "del 15 o 20 por ciento" del total, lo que, para el dirigente 'popular', supone un porcentaje "desorbitado, ilegal e injustificado", así como "un monumental desfalco" al dinero de la Junta de Andalucía.

El 'número dos' del PP andaluz, que ha apuntado que el pago de comisiones de las pólizas firmadas por la Administración andaluza pudo llegar a porcentajes del 29 por ciento "en algún caso", ha señalado que "si hablamos de una media del 20 por ciento del conjunto de mil millones de euros, se habría producido un fraude de entre 150 y 200 millones, siempre con la participación de los mismos intermediarios y aseguradoras, sin que hubiera concurso alguno".

Sanz ha explicado que al PP-A, como parte personada en la acusación, no le consta que la Junta haya entregado a la juez que lleva el caso la documentación sobre estas comisiones, "lo que, de ser así, sería de una enorme gravedad". "Si la Junta sabía que había pagado esas comisiones por qué en la documentación que envía a la juez no consta", se ha preguntado el dirigente 'popular'.

Al hilo de ello, ha asegurado que ahora se explica por qué la Fiscalía reclama cantidades muy inferiores a las que reclama la Junta en relación a los intrusos en los ERE, con una diferencia de hasta 300.000 euros en un caso concreto. Y es que, según ha apuntado, "mientras que la Fiscalía pide lo que se llevó de manera fraudulenta un intruso, la Junta pide lo que pago, que es mucho más de lo que se llevó el intruso".

El secretario general del PP-A ha indicado que de confirmarse la ocultación por parte de la Junta de la documentación referida, la Junta de Andalucía tendría que asumir responsabilidades políticas y explicar de manera inmediata "adónde ha ido el dinero, quién se ha beneficiado de las comisiones ilegales y por qué se pagaban porcentajes fuera de mercado y de ley".

"Hoy se abre una nueva etapa en la investigación del caso de los ERE", ha afirmado el dirigente del PP andaluz, quien ha indicado que su formación va a trabajar para que se conozca el destino final de "hasta el último euro" del dinero de los ERE. Ha insistido en que el PP andaluz hará llegar a la juez toda la nueva información que conozca y seguirá reclamando explicaciones en el Parlamento.

Informe de la intervención en 2000

De otro lado y también en relación con el caso de los ERE, Sanz ha asegurado que la Junta de Andalucía conocía "desde el primer momento" que el procedimiento que se seguía en la concesión de ayudas a empresas en crisis era "irregular" y que, prueba de ello, es un informe de la Intervención Delegada de la Junta de Andalucía emitido en el año 2000 sobre la cobertura de las prejubilaciones del colectivo de trabajadores de la empresa Hijos de Andrés Molina S.A.

El dirigente 'popular' ha destacado que los al menos ocho informes de la Intervención General de Hacienda que advertían de irregularidades se realizaron a partir del año 2001, con lo que este nuevo informe, de cuya existencia advierte hoy el PP-A, fue el primero que se emitió, "lo que pone de manifiesto la responsabilidad política al más alto nivel porque, a sabiendas, se siguió con un procedimiento irregular".

Finalmente, Sanz ha enseñado a los medios un copia del preacuerdo de la comisión negociadora de la empresa Hijos de Andrés Molina, firmado por la empresa y los sindicatos UGT y CCOO, y ha indicado que en el mismo se incluían a trabajadores de 48 años y había una cláusula para depositar el preacuerdo y el acuerdo en una caja de seguridad de una entidad financiera, lo que, para el secretario general del PP-A, es un dato que "llama poderosamente la atención".