La Junta modifica el procedimiento administrativo de admisión de alumnos en centros públicos y concertados

El Consejo de Gobierno de Extremadura ha realizado un pronunciamiento favorable a la aprobación de un decreto por el que se modifica otro anterior (el decreto 42/2007) que regula la admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados en la comunidad, para someterlo al dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de la región.

El Consejo de Gobierno de Extremadura ha realizado un pronunciamiento favorable a la aprobación de un decreto por el que se modifica otro anterior (el decreto 42/2007) que regula la admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados en la comunidad, para someterlo al dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de la región.

Los cambios introducidos por la Ley de Educación de Extremadura determinan la necesidad de modificar el procedimiento administrativo de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados de la comunidad, según informa el Ejecutivo autonómico.

Las competencias asumidas por la Consejería de Educación y Cultura respecto del primer ciclo de la educación infantil, que hace necesaria una "clara distinción" con la admisión de alumnado de segundo ciclo de educación infantil, y la introducción de nuevos criterios de admisión derivados de la experiencia en la tramitación y gestión, justifican la necesidad de esta adecuación normativa.

El Ejecutivo extremeño considera así "oportuno" someter este proyecto de decreto al pronunciamiento previo del Consejo de Gobierno antes de remitirlo al Consejo Consultivo para que proceda a formular el dictamen preceptivo. AGRICULTURA

Por otra parte, la Administración regional ha acordado convalidar la omisión de la preceptiva autorización del Consejo de Gobierno para la firma del protocolo general entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, el Gobierno de Extremadura y la Comunidad de Regantes del Valle del Zújar de Monterrubio de la Serena para el desarrollo y ejecución de los regadíos privados de esa zona.

El convenio, que fue firmado con fecha 13 de diciembre de 2011, afecta a unas 6.000 hectáreas y tiene como finalidad establecer riegos de apoyo, preferentemente al cultivo del olivar existente para estabilizar las producciones, y a otros cultivos leñosos con necesidades de riego similares al olivar.

De este modo se trata de contribuir al mantenimiento de la población rural, así como a garantizar la rentabilidad de las explotaciones de la zona.

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