La construcción concluyó 2011 con 9.463 desempleados en Cantabria, 541 más de los registrados en 2010 en este sector que, según CC.OO, "se muere" si no se le "rescata" porque las perspectivas para este año son "peores".

En un rueda de prensa, el secretario general de la Federación de Construcción de CC.OO. en Cantabria, Damián García, ha asegurado que las cifras de 2011 son "totalmente caóticas" y un "auténtico drama" y las perspectivas de futuro "no son nada halagüeñas".

"Este sector se nos muere", ha advertido García, quien ha señalado que, en 2012, la construcción puede quedarse con 13.000 o 14.000 trabajadores —2.000 o 3.000 menos que en 2011— cuando en 2007, ocupaba a más de 36.000.

Fondo de rescate

Ante esta situación, CC.OO ha reclamado la puesta en marcha de medidas "rápidas", entre las que ha destacado la creación de un fondo de rescate de este sector en Cantabria, similar al que se creó para los bancos, que esté financiado por el Gobierno de España y de la comunidad autónoma, algo que, a su juicio, supone una "urgente necesidad".

El sindicalista también ha subrayado la necesidad de invocar a la responsabilidad social de las empresas para conseguir que, si trabajan en Cantabria, contraten a trabajadores de la región para que —ha denunciado— no ocurra como en la construcción del Centro de Procesado de Datos del Banco Santander, el denominado búnker, en la que, según ha dicho, "ha habido más portugueses que españoles".

Por otra parte, ha opinado que "igual ha llegado el momento" de que las empresas pequeñas dedicadas a la construcción en Cantabria se fusionen para ser "más fuertes" y puedan "fijar empleo".

El secretario general de la Federación de la Construcción de CC.OO en Cantabria ha reclamado además a las Administraciones que paguen lo que deben a las empresas de construcción a las que —ha dicho— se les adeuda "unos cuantos millones".

Otras de las medidas encaminadas a sacar adelante el sector —que, sin embargo, resultarán "insuficientes" si no se aplican las anteriores— van encaminadas a impulsar la rehabilitación de edificios como una "cuestión fundamental"; la construcción de viviendas de protección oficial (VPO), o la aprobación de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) que tienen pendientes algunos municipios, entre otras.