El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) considera que "la negativa de la Junta a pagar a sus proveedores amenaza el empleo de más de 200.000 personas que trabajan en la obra pública".

Fuentes de Ceacop consultadas por Europa Press aseguran que el sector de la obra pública "ha sufrido un nuevo mazazo al conocer la orden de la Intervención General de la Junta de Andalucía de no pagar las facturas pendientes con sus proveedores" y ha advertido que "si la Junta no paga a sus proveedores, las empresas tendrán serias dificultades para hacer frente a las nóminas de sus trabajadores".

Ceacop ha vuelto a reclamar a la Junta "un calendario de pagos real", tras lo que han criticado que el Gobierno andaluz "hace oídos sordos", tras lo que han apuntado que la deuda actual con proveedores de la construcción —constructoras y consultoras andaluzas— supera los 1.200 millones de euros.

Los empresarios critican que "siempre se recorte en infraestructuras y siempre el esfuerzos los haga el sector privado", tras lo que han apuntado que si no cobran por el trabajo que hacen "es imposible pagar las nóminas y mantener la actividad de las empresas".

Asimismo, han precisado que sólo en el caso de las certificaciones de los contratos de conservación de carreteras que actualmente están en vigor, "se dejarán de contabilizar cerca de cinco millones de euros por cada mes".

Agrega que "la congelación del pago de estos contratos supone una amenaza clara para los puestos de trabajo que dependen de estos contratos, esto es, 800 puestos de trabajo directos que trabajan en la conservación de las carreteras de la Comunidad y más 1.000 puestos indirectos que se podrían destruir".

Encuentro ceacop-AECO

Por otro lado, los máximos dirigentes de Ceacop y de AECO han mantenido una reunión de acercamiento para "aunar esfuerzos mediante actuaciones conjuntas al objeto de prestar su máximo apoyo a constructoras y consultoras".

En este primer encuentro, han expresado sus reivindicaciones, toda vez que "reclaman responsabilidad al Estado, a la Junta de Andalucía y a la mayoría de los ayuntamientos, que se han convertido en los principales deudores de las empresas del ramo".

Recuerdan que "la mayoría de las empresas del sector de la construcción tienen problemas de financiación debido a sus deudores y afirman que esta situación ya es insostenible".

Por ello, ambas entidades exigen al Ejecutivo Andaluz que "pague y que controle las deudas de los otros entes de menor escala y reclaman a la Administración que establezca los mecanismos necesarios para que se resuelvan estas deudas".

Ambas asociaciones subrayan que "no es de recibo que los ayuntamientos reciban transferencias económicas del Estado o de la comunidad autónoma, participaciones en los impuestos, créditos, ayudas, subvenciones para actividades o nuevas obras, cuando aún no han atendido a las deudas pendientes".

Por ello exigen "un mayor control de la legalidad en las contrataciones, obligando al riguroso cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, que exige garantías antes de contratar las obras".

Estas asociaciones han lamentado que "ya desde el año 2007, los contratos de obras públicas se encuentran con trabas administrativas que dilatan los plazos de facturación de los trabajos ejecutados" y además han denunciado el "sistemático incumplimiento" de los plazos de pago que fija la Ley de lucha contra la morosidad por parte de la Junta y otros organismos públicos, establecidos en 50 días para la Administración.

Por ello, AECO apoya la iniciativa de Ceacop para "poner estas irregularidades en manos del Fiscal Superior de Justicia adscrito al Tribunal Superior de Justicia Autonómico, con el objetivo de que investigue estos casos y actúe de oficio contra los responsables políticos o administrativos concretos que han gestionado los recursos públicos en estos años y se analice la responsabilidad penal, civil o contable derivada de los impagos y por malversación de los fondos públicos".

AECO advierte de que "la morosidad sumada al tijeretazo en las licitaciones y a las reprogramaciones en la obra pública está ocasionando el cierre indiscriminado de las empresas constructoras onubenses y así lo constata la cifra actual de desempleados". Por su parte, Ceacop destaca que esta situación "es generalizada al conjunto de las constructoras y consultoras de Andalucía".

Las constructoras defienden de nuevo la inversión pública como "el arma más potente" que puede tener un gobierno para potenciar el crecimiento, tanto "por su carácter anticíclico" como por su impacto "inmediato" sobre la actividad económica y el empleo.