El excontable de Unió Mallorquina (UM) y exresponsable económico del Instituto Balear de Turismo (Inestur), Álvaro Llompart, ha afirmado ante la jueza instructora del caso Voltor que el empresario Jacinto Farrús se llevó un "goloso" concurso público sobre turismo de congresos y reuniones, valorado en un total de 417.600 euros, como "compensación económica" y después de que esta convocatoria "se inventase en una reunión entre tres amigos", a pesar de que el proyecto "no tenía ni pies ni cabeza".

Así de tajante lo ha puesto de manifiesto en la declaración que ha prestado en calidad de imputado en el marco de la pieza 10 de la causa, que investiga las adjudicaciones presuntamente irregulares que percibió Farrús desde la empresa dependiente de la Conselleria de Turismo y principalmente se centra en el anterior concurso, que supuestamente fue manipulado para beneficiar a las mercantiles del empresario puesto que otras empresas habían obtenido una mejor valoración.

"Era un concurso muy goloso y por eso se presentaron más de quince empresas", ha subrayado Llompart, quien se ha prestado a colaborar con los investigadores efectuando algunas revelaciones que han desembocado en la apertura de una pieza que permanece bajo secreto sumarial.

Sin embargo, sus confesiones no han quedado ahí puesto que, durante su comparecencia, Llompart ha apuntado además al exgerente del Inestur, Antoni Oliver -también imputado- como una de las personas que habrían ordenado amañar el concurso para beneficiar a Farrús, puesto que se trataba de un "tema político" y Oliver "quería ser candidato a alcalde de Pollença y necesitaba apoyos".

De hecho, el imputado, asistido por el abogado Fernando Mateas, ha apuntado que Oliver, quien era su superior jerárquico, "tenía contactos habituales con el señor Farrús y muchas reuniones, siempre en la sociedad de éste, además de hacer comidas".

En cuanto al concurso investigado, ha recordado que la mercantil Cubic resultó ser "la más favorable y mejor calificada" mientras que THR, propiedad de Farrús, "quedó cuarta, quinta o sexta", si bien las técnicas Victoria Botín y Catalina Mas "se vieron forzadas a cambiar la adjudicación" tras así habérselo ordenado tanto Oliver como Luisa Tortella, exdirectora del Centro de Investigación de Tecnologías Turísticas de Baleares (Cittib) y ahijada de la expresidenta del Parlament y del Consell, Maria Antònia Munar.

"Las técnicas, que estaban puestas a dedo por el gerente, eran conscientes de que habían cambiado la realidad pero lo hicieron como agradecimiento a UM", ha continuado afirmando Llompart, quien ha recordado que cuando acudió al expresidente de la formación nacionalista Miquel Àngel Flaquer -quien en su día se negó a declarar por estos hechos- para comentarle lo que había ocurrido, éste le respondió que "no era problema mío". El encausado ha defendido que en ningún momento participó en la tramitación del concurso.

Cabe recordar que fue con la denuncia de la administradora única de la mercantil Cubic Asesoramiento Empresarial SLP, Margarita Munar, con la que se iniciaron las investigaciones en torno a estos hechos, al poner de manifiesto que, pese a que su empresa fue la mejor valorada en el concurso sobre 'benchmarking', la convocatoria fue "manipulada" ya que el objetivo del mismo era beneficiar a la UTE formada por THR y Tourin Consulting, pertenecientes a Farrús.

De hecho, las pesquisas del caso Voltor sitúan al empresario como "figura clave en el entramado de adjudicaciones" realizadas, y le relacionan con 21 sociedades en la que consta como administrador o apoderado y en otras 120 mercantiles de las que ha formado parte. Así, le vinculan no sólo con las licitaciones del Inestur sino también de "otras esferas" del Govern, tal y como consta en uno de los oficios policiales incluidos en el amplio sumario del caso.