La Consejería de Empleo ha destacado que la "investigación exhaustiva" efectuada por la Junta en Mercasevilla ha derivado en "tres prejubilados que no cumplían los requisitos establecidos en el expediente de regulación de empleo (ERE) de 2003".

La Junta ha reaccionado a la noticia de que tres extrabajadores del mercado central de abastos de Sevilla prejubilados merced al ERE promovido en 2003 y cuyas rentas fueron temporalmente suspendidas por la Consejería de Empleo, han denunciado por un presunto delito de prevaricación a cuatro altos cargos de esta Consejería, entre ellos el viceconsejero de Empleo, Justo Mañas.

Fuentes de la Consejería, quienes han dejado claro que los prejubilados "pueden acudir a la Justicia si creen que su derecho ha sido vulnerado", han explicado a Europa Press que "se ha actuado tras una investigación exhaustiva que ha sido llevada a cabo por funcionarios".

De esta forma, como resultado de esa investigación "se comprobó que esos tres prejubilados, que están incluidos en el ERE de Mercasevilla de 2003 no cumplían los requisitos aprobados en ese expediente para acogerse a prejubilaciones, toda vez que el ERE de 2003 fijaba como condición para acogerse a las prejubilaciones haber cumplido como mínimo 50 años antes del 31 de diciembre de 2003, y esas personas no cumplían ese requisito, según se comprobó en este proceso de investigación".

Ante esta situación, la Junta ha decidido "preventivamente, hasta que la juez dictamine, ha suspendido el pago de las pólizas de renta de esas tres personas, además de en otros casos en los que se han detectado irregularidades en otros ERE".

Ir a la vía contencioso administrativa

"Todo ello se ha producido como consecuencia del proceso de información iniciado por la Consejería", han agregado las fuentes de la Consejería de Empleo, quien han apuntado que la decisión de suprimir el pago de las pólizas "es la culminación de un procedimiento estrictamente administrativo en el que además ha cabido recurso por parte de los interesados".

La Junta considera que estos prejubilados "deberían haber acudido a la vía contencioso administrativa si no estaban de acuerdo con el contenido de la resolución".

Por último, fuentes de la Junta han dejado claro que "el principal objetivo de la actuación de la Junta es preservar el interés público y garantizar el buen uso de los fondos públicos".