La junta de personal y el comité de empresa del Instituto de Asuntos Sociales (IMAS) -del que forman parte los sindicatos CCOO, UGT, STEI-i y CSIF- ha afirmado que el recorte realizado al presupuesto y, concretamente al de gasto de personal, hará "imposible" hacer las sustituciones necesarias.

El comité de empresa ha señalado en un comunicado que, mientras el recorte en gasto de personal del Govern ha sido del 6,96% y en el Consell de Mallorca del 6,05%, en el IMAS ha sido del 10,23%.

Así, han afirmado que este "brutal" recorte perjudicará a los profesionales que llevan adelante estos servicios, en quienes creen que recaerá la carencia de personal que conllevará la rebaja económica. En este sentido, han asegurado que los empleados sufrirán la sobrecarga de trabajo para mantener la calidad actual de los servicios.

Por otra parte, han indicado que este recorte puede derivar también en la externalización de servicios que hasta ahora presta el IMAS, algo que ya ha sucedido en los centro de menores Pedra Viva y del servicio de postadopciones.

La junta de personal y el comité de empresa del IMAS han presentado reclamaciones al presupuesto del instituto para solicitar que se modifiquen con la finalidad de mantener el gasto de personal sin ningún recorte. En este sentido, han afirmado que en caso contrario será "imposible" hacer las sustituciones necesarias de personal.

El Comité de Empresa ha acusado a los presidentes del Govern, del Consell de Mallorca y del IMAS, José Ramón Bauzá, Maria Salom, Catalina Cirer, respectivamente, de haber mentido a la ciudadanía al haber asegurado desde que llegaron al poder que los servicios sociales no sufrirían los recortes.

Asimismo, han lamentado que un recorte de esta importancia puede afectar a la eficiencia y la calidad de los servicios del IMAS, que atiende a colectivos desfavorecidos como el de las personas mayores, menores en situación de desprotección, discapacitados, personas en situación de exclusión social, al tiempo que apoya al tercer sector.

Por ello, han advertido de los responsables políticos de que estarán "vigilantes" para denunciar a Inspección de Trabajo de cualquier sobrecarga que esta situación suponga. Asimismo, han añadido de que utilizarán las medidas de presión que consideren "oportunas" para dar a conocerla a la ciudadanía.