Las comunidades autónomas tendrán que elaborar techos de gasto previos a sus presupuestos autonómicos y someterse a una regla de gasto, y serán sancionadas si no cumplen los objetivos fijados teniendo en cuenta los criterios de "reincidencia" y la "gravedad" del incumplimiento.

Así lo ha adelantado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha explicado las líneas generales del anteproyecto de la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, que ha presentado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que llevará el próximo martes al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Al finalizar el periodo transitorio que marca la reforma de la Constitución, a partir del año 2020, todas las administraciones deberán presentar equilibrio presupuestario o superávit, de forma que el déficit estructural no podrá superar el 0,4% del PIB y la deuda no podrá superar el 60% del PIB regional. Pero hasta que finalice el periodo transitorio, Sáenz de Santamaría ha explicado que el techo de gasto servirá para elaborar los presupuestos y, posteriormente, será cada autonomía la que decida la distribución de los mismos.

Sáenz de Santamaría también ha explicado que se establecerán mecanismos correctores para poder reordenar los déficit con reducciones "mínimas y obligatorias" en los Presupuestos de las administraciones responsables referenciadas al PIB. "Son mecanismos de corrección casi automáticos", ha dicho, que servirán para devolver a la senda de la estabilidad eventuales desviaciones del déficit o la deuda durante la ejecución del presupuesto.

Estos mecanismos contemplan que cuando haya una desviación en los objetivos de déficit y deuda se establezca una corrección "cuasiautomática" que tendrá como referencia un porcentaje del PIB, y se verá cómo debe solucionarlo la administración responsable. En función de los baremos de gravedad o reincidencia que establezca el Ejecutivo se definirán las correspondientes sanciones, aún por determinar.

Además, la norma -que responde al acuerdo constitucional pactado por PP y PSOE el pasado agosto- introduce elementos de "transparencia" que permitan conocer el estado del cumplimiento de las obligaciones de estabilidad presupuestaria. Para ello, todos los proyectos de presupuestos deberán acompañar la equivalencia en términos de deuda o superávit, recoger información sobre niveles de endeudamiento, inversiones de empresas públicas, datos de evolución de la deuda pública, avales otorgados, obligaciones no imputadas al presupuesto y compromisos de gasto derivados de operaciones de pago aplazados.

La norma busca la estabilidad presupuestaria en un horizonte permanente, ha explicado Sáenz de Santamaría, y es por ello que incorpora la palabra "sostenibilidad" a su enunciado, mientras que quiere adelantarse a los futuros requerimientos de gobernanza económica europea.

Preguntada por la posibilidad de que el Estado tenga que acudir al rescate de alguna comunidad autónoma, Sáenz de Santamaría ha señalado que el Gobierno trabajará por la "solvencia" del país y porque todas las autonomías "puedan cumplir sus compromisos y sus responsabilidades".