La Diputación Permanente del Parlament balear se reunirá el próximo 25 de enero para decidir si se atiende la petición del Grupo Socialista de que se celebre un pleno extraordinario para debatir sobre la propuesta del Govern de que las mujeres que vayan a abortar a clínicas privadas tengan que adelantar de la intervención hasta que el servicio público lo reembolse.

Es la decisión acordada esta mañana por la Junta de Portavoces, tras la cual los dos partidos de la oposición han vuelto a cargado duramente contra la decisión adoptada por el IB-Salut, al considerar que vulnera la Constitución y desprotege a las mujeres más vulnerables.

De este modo, en la reunión extraordinaria que celebrará la Diputación Permanente a las 10.00 horas se deberá decidir si tienen lugar la sesión plenaria en la que el PSIB presentará una proposición no de ley sobre este asunto, la cual fue anunciada el pasado 5 de diciembre.

En declaraciones a los medios, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Vicenç Thomàs, ha acusado al PP de "dejar abandonadas" a las mujeres en están en esta situación y de "vulnerar" el decreto que establece que "las mujeres en este país tienen derecho a una maternidad responsable, pero libremente decidida, y que la prestación de interrupción del embarazo ha de ser abonada directamente por la Administración".

"Toda esta circunstancia deja a la mujer sin intimidad y sin confidencialidad, que son aspectos muy importantes que se contemplan la ley", ha lamentado, al tiempo que ha asegurado que el PP a adoptado esta medida "por motivos políticos" y no tan sólo por razones económicas, tal y como ellos apuntan.

Ahora mismo, hay una Ley Orgánica sobre el aborto, de aplicación estatal que, según ha remarcado Thomàs, "se está incumpliendo en Baleares", lo que deja a las mujeres de las islas en una situación de indefensión respecto al resto de mujeres del país.

El pp remarca que no se vulnera la ley orgánica

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular, Mabel Cabrer, ha negado tajantemente que se esté vulnerando ninguna ley y ha garantizado "que se cumplen los términos legales que afectan a la interrupción del embarazo".

Asimismo, ha remarcado que, en el caso de aquellas personas que no se lo puedan permitir avanzar el dinero, "la actuación será financiada por la sanidad pública", de modo que, "garantizamos en todo momento todos los servicios sanitarios públicos", ha sentenciado.

"Nos hemos comprometido a poner orden en las cuentas públicas, y en este sentido estamos intentando ahorrar en los conciertos con las clínicas privadas en general, no tan sólo en relación a tema del aborto", ha argumentado.

Por su parte, la diputada del PSM-IV-ExM, Fina Santiago, ha vaticinado que el PP no dará luz verde a la celebración del pleno, por lo que ha avanzado que su Grupo llevará a cabo otro tipo de iniciativas "como pedir la comparecencia de la consellera de Salud y la petición de una interpelación parlamentaria para que carmen Castro explique por qué se ha tomado esta decisión que afecta, una vez más, a las personas más vulnerables", ha afirmado.

Proposición no de ley

La proposición recogería varios puntos entre los que pide que el Govern reconozca la maternidad libremente decidida y que se respete la decisión, la petición de que los abortos se realicen con información previa al consentimiento y que se llevan a cabo en el marco de seguridad jurídica.

Además, la proposición no de ley busca garantizar el acceso a la prestación de la interrupción del embarazo en Baleares y que se expongan las medidas precisas para garantizar el derecho a la prestación sanitaria, así como que se establezca que si los servicios de salud no pueden realizar la prestación en las redes públicas, se realice en centro privados concertados.

La Diputación Permanente es el órgano al que corresponde velar por los poderes de la Cámara cuando el Parlamento no esté reunido por vacaciones o por haber expirado el mandato parlamentario y hasta que se constituya el nuevo Parlamento.