La situación de impago desde el pasado mes de julio por parte del Govern a las concesionarias de transporte discrecional de viajeros está obligando a algunas empresas a plantearse el cese temporal de la prestación de sus servicios.

La Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT) ha informado en un comunicado de que, después de "infructuosas" entrevistas con los responsables del Govern, los representantes de las empresas concesionarias se han reunido en la sede de la federación para analizar la situación y estudiar posibles actuaciones, que pasan por exigir un calendario de pagos al Ejecutivo.

La FEBT ha advertido de que la situación económica de estas empresas está llegando a "límites insostenibles". En este sentido, ha recordado que las 20 empresas concesionarias de este servicio público en Baleares, responsables del transporte de doce millones de pasajeros al año, soportan seis meses consecutivos de impago por parte de la Administración, con una deuda acumulada de 4,3 millones de euros.

Asimismo, han subrayado que, además de no percibir el pago por la prestación del servicio, las empresas concesionarias deben asumir el incremento del precio del combustible y hacer frente al abono de las nóminas del personal. Todo ello en un contexto de dificultad para la obtención de financiación.

Así, la FEBT ha señalado que el agotamiento de los recursos propios y la escasez de combustible está provocando situaciones de "colapso" derivadas del paro forzoso de algunos vehículos.

Pese a ello, la federación ha destacado que las concesionarias del servicio de transporte regular por carretera de Baleares están haciendo "esfuerzos titánicos" para seguir prestando sus servicios sin incidencias ni molestias para los pasajeros y preservando todos los niveles de seguridad.

El colectivo ha recordado que el servicio regular de transporte de viajeros, de carácter permanente y uso general, es "imprescindible" para la movilidad de los habitantes de estas islas. De hecho, ha indicado que es la única clase de transporte que tiene carácter de servicio público en sentido estricto, como expresamente lo reconoce la vigente Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) en su artículo 69, apartado 1, al amparo de la cual se han otorgado todas las concesiones en Baleares.