El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Granada, del PP, ha asegurado este jueves que tiene la "certeza" de que el subdelegado del Gobierno saliente, el socialista Antonio Cruz, ha instado a la Abogacía del Estado a que impulse el proceso penal contra el que fuera concejal de Urbanismo Luis Gerardo García Royo y varios promotores y técnicos municipales en el caso de la operación urbanística en el Cerrillo de Maracena, por la que el Juzgado de Instrucción 3 de Granada les ha atribuido un posible delito de prevaricación.

En declaraciones a los periodistas, el portavoz del equipo de gobierno, Juan García Montero, se ha mostrado convencido de que este caso "va a quedar absolutamente en nada" y ha atribuido a Cruz, "el máximo impulsor del pufo del Circo del Arte", ser la "mano oscura" que ha motivado el procedimiento judicial. Por ello, ha evidenciado su "satisfacción" por que le quede en el cargo "muchos menos días" que dedos tiene él "en la palma" de su mano.

Por su parte, el concejal socialista José María Rueda ha recordado que fue la Junta de Gobierno, presidida por el alcalde, José Torres Hurtado, la que autorizó la operación urbanística en cuestión, por lo que le ha pedido al primer edil que dé explicaciones sobre "qué criterios y en base a qué informes" se votó a favor de la misma, mientras que el portavoz de IU, Francisco Puentedura, ha censurado que las "ansias de recaudar" del gobierno local le llevaran "a vender lo que no tenía y no era suyo".

Tras las declaraciones de Rueda, García Montero ha criticado que los socialistas pidan explicaciones por este asunto cuando no las dan acerca de los "cientos de miles de euros en drogas" gastados por gastos socialistas —en relación al caso de los ERE— o sobre el dinero público recibido por las parejas de los ediles Francisco Cuenca y María Escudero.

Estas manifestaciones se producen después de que este miércoles se hiciera público la transformación en procedimiento abreviado, el paso previo para la celebración de la vista oral, de las diligencias abiertas contra el que fuera concejal de Urbanismo durante el primer mandato de Torres Hurtado, el exgerente de Urbanismo, Manuel Lorente, y otras siete personas más, promotores y técnicos municipales, por la operación urbanística relacionada con el Plan Parcial de Cerrillo de Maracena, donde estaba prevista la construcción del Palacio de Hielo.

Apropiación de aprovechamientos del estado

Los hechos, que fueron denunciados por la Fiscalía, que entendía que pudo haber apropiación de aprovechamientos urbanísticos del Estado por parte del Ayuntamiento de Granada, se remontan al pasado 27 de septiembre de 2005, cuando el entonces edil de Urbanismo y varios promotores inmobiliarios firmaron un convenio para el desarrollo urbanístico del Plan Parcial, con una superficie neta de 177.384 metros cuadrados.

Desde ese mismo momento, se asentaron las bases, según la titular del juzgado, Aurora María Fernández, para que, "mediante la fijación de un sistema de obligaciones entre los suscribientes" del acuerdo se obtuviera un resultado final "consistente en que el Ayuntamiento se atribuyera a sí mismo un aprovechamiento urbanístico superior al que legalmente le correspondía" con base a terrenos que no eran de su propiedad, sino de dominio público, según consta en el auto de incoación de procedimiento abreviado, al que ha tenido acceso Europa Press.

Los promotores quedaban "obligados" a comprar tales aprovechamientos conforme al precio prefijado, "de manera que la exigencia contractual incrementaba las arcas del Ayuntamiento y, al mismo tiempo, acrecentaba las expectativas comerciales de los promotores que al tener más participación en el sector veían en el futuro pingües beneficios económicos derivados del proceso edificativo".

De hecho, el convenio preveía la cesión por los propietarios al Ayuntamiento del equivalente económico del 10 por ciento del aprovechamiento medio del área de reparto, y el pago en metálico al Consistorio del "aprovechamiento excedentario de titularidad municipal proveniente de los terrenos del Ayuntamiento" así como "los excesos de aprovechamiento no atribuidos a otros propietarios a pesar de no existir en el sector excesos o excedentes".

En realidad tales excesos, según la juez, se materializaron en parte "con terrenos de dominio público pertenecientes a la Administración del Estado", en este caso al Ministerio de Fomento y el de Medio Ambiente (Demarcación de Carreteras y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir).

Para obtener el resultado pretendido por los suscriptores del convenio resultaba "esencial", según consta en el auto, "la ausencia total en el procedimiento administrativo urbanístico de la Administración del Estado", y, junto a ello, "un impulso procedimental favorable a pesar de la ausencia de notificaciones e informes de las administraciones afectadas", además de la elaboración de un proyecto de reparcelación "que infringiera el principio de equidistribución de beneficios y cargas del proceso urbanístico".

En cuanto a la tramitación del procedimiento administrativo, la titular del Juzgado considera que los funcionarios actuantes responsables del mismo "obviaron cualquier trámite" que tuviera por objeto el conocimiento por parte de la Demarcación de Carreteras y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de la existencia del convenio de planeamiento, "a pesar de que en dichos documentos se hacía alusión a 105 bienes de dominio público y la necesidad de informes de las respectivas administraciones públicas".

Los hechos pueden ser enmarcados en un posible delito de prevaricación, según la juez, que ha trasladado las diligencias al Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado para que soliciten, si lo estiman oportuno, la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa, en su caso.